El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, afirmó ayer que el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) “es el atraco financiero del siglo”, y lo esclarecerán escuchando a los contralores y al Procurador General de la República, Hernán Estrada.

Indicó que el caso es muy complicado, y no niega que existan presiones de los organismos financieros internacionales que en estos años han orientado el pago, lo cual se ha recogido en el Presupuesto General de la República.

Los magistrados de la Sala Constitucional se reunieron ayer para comenzar el análisis de los Recursos de Amparo interpuestos por ex integrantes del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), a quienes la Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal.

La CSJ también tiene pendiente el Recurso de Amparo del ex presidente del BCN, Mario Alonso, contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que declaró de nulidad la emisión de los Cenis.

Rosales indicó que “el caso se resolverá tomando en consideración el elemento económico, político, psicológico y social, porque un país que no tiene seguridad jurídica se vuelve de alto riesgo. Lo ideal sería que la plata que se renegocie, pase a los proyectos sociales”.

Opinión de economista

En tanto, el economista Néstor Avendaño consideró que si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denuncia parcialmente nulos los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), estaría legitimando el endeudamiento ilegal que heredó al país la Administración de Arnoldo Alemán, en la operación que encabezó junto al ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez Sánchez.

Avendaño dijo que si la CSJ denuncia una “nulidad parcial” de los Cenis, como señaló su vicepresidente, Rafael Solís, se estaría planteando una enorme contradicción legal con otro tipo de títulos valores como los Bonos para Pagos de Indemnización (BPI), emitidos en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero con el aval de la Asamblea Nacional.

“Los BPI los aprobó por la Asamblea Nacional y salieron del Tesoro Nacional. Lo que pasa es que los salvatajes bancarios son realizados por los gobiernos, es decir, el Poder Ejecutivo, no por entes autónomos, por lo que no era competencia del Banco Central de Nicaragua endeudar al país de la manera en que lo hizo”, dijo Avendaño.

Los Cenis se emitieron con el objetivo de “salvar” al sistema financiero nacional, debido a las quiebras fraudulentas de cuatro bancos entre 2000 y 2001, que provocaron pánico financiero, y el público amenazó con retirar sus depósitos si no garantizaban el ahorro de los depositantes de los bancos intervenidos y cerrados. La deuda asumida por el Estado al emitir esos títulos, fue superior a los 500 millones de dólares.

Indicó que todo partió de un procedimiento inapropiado que utilizó Alemán cuando fungió como Presidente del país, al ordenar a Ramírez, por un decreto ejecutivo, emitir los Cenis ignorando que la única instancia que puede aprobar deudas es la Asamblea Nacional, y que los Certificados debieron haber sido Bonos del Tesoro de la República.

Solís consideró que la CSJ tiene que decidir de una vez por todas si la denuncia de nulidad que decidió la Contraloría es correcta o incorrecta, aunque indicó que podrían emitir un fallo en el que se denuncie “parcialmente” la emisión de los Cenis, y que no se paguen aquellos referidos a deudas con bancos o entidades financieras internacionales.

“Yo creo que una nulidad parcial cuestionaría bastante la actuación de la Corte, porque no es correcto desde el punto de vista legal y financiero”, dijo Avendaño.

Contralores esperan

Los contralores dijeron ayer que esperarán a que exista una decisión firme de la Corte Suprema sobre la denuncia de nulidad, para emitir su criterio, aunque recordaron que todo el proceso de auditoría que realizaron en ese caso “fue largo, extenso y costó mucho”, pues cumplieron con todos y cada uno de los procedimientos para llegar a esa conclusión.

“Yo respeto la opinión del doctor Solís, pero vamos a esperar a que haya un pronunciamiento oficial y definitivo de la Corte, el cual también vamos a respetar, porque las resoluciones judiciales se tienen que acatar”, dijo el contralor Guillermo Argüello Poessy.

Por su parte, el contralor Lino Hernández dijo que cuando la CGR decidió denunciar de nulidad los Cenis, lo hizo sobre la base de criterios técnicos y legales, “y esos términos los mantenemos”.

“El doctor Alemán ordenó su emisión para que no colapsaran la economía ni el sistema bancario. Nosotros creemos que eso no fue legal, porque la Ley del Banco Central señala cuál era la función de los Cenis, pero va a ser la Corte la que dará la última palabra”, dijo Hernández.