Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) efectuarán hoy la audiencia de casación del caso de Sinaloa, donde 22 personas, entre ellas cinco miembros del Cártel de Sinaloa, se encuentran condenadas por financiamiento al narcotráfico.

En el marco de la política de Estado contra el crimen organizado, asociado a la narcoactividad, la Procuraduría General de la República intervendrá en la audiencia oral que dirimirá el recurso de casación interpuesto por los defensores.

Ésta es una audiencia jurisdiccional en donde el Estado de Nicaragua sostendrá la posición de responsabilidad penal para todos los acusados en la construcción de una pista de aterrizaje no autorizada, que luego sería utilizada para actividades de narcotráfico.

La Procuraduría sostendrá la comisión del delito de financiamiento al narcotráfico, tenencia ilegal de armas de uso exclusivo de la Policía y del Ejército, asociación para delinquir y otros delitos, “con el objetivo de fortalecer la finalidad represiva a este flagelo, prevenir, combatir y sancionar más eficazmente esas actividades, en los planos nacional, regional e internacional”.

En noviembre pasado, la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) confirmó la sentencia condenatoria contra todos los reos del Cártel de Sinaloa por el delito de financiamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

El TAM confirmó la condena para los mexicanos José Juvenal Mendoza, David Ricardo Alvarado Zazueta, Juan Rosales Castañeda, Arturo Gaspar Rubio Velásquez y Luis Ángel Vale Serrato, como autores directos de los delitos.

A los nicaragüenses Carlos Cisnado, Pedro Pablo Olivas, Juan Pablo Cruz, Víctor Bonifacio Herrera, Emiliano Rodas Pérez --conocido como José Rodríguez Guzmán y/o José Luis Monjarrez--, y Carlos Guillermo Arvizura Rodas y/o Sergio Enrique Álvarez.

En calidad de cooperadores necesarios se confirmó la condena a Jesús Javier Flores Vega, y los nicaragüenses Osinier Emir Herrera Herrera, Jeremías Úbeda Pérez, Marvin Uriel Gadea, Pablo Antonio Herrera, Arturo Edén Herrera, Santos Tomás Reyes, Samir Antonio Valenzuela y Freddy Antonio Centeno.

Los abogados defensores han alegado ante la CSJ que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han violado derechos constitucionales de los reos, no se ha cumplido con el debido proceso y ha existido una valoración errónea de las pruebas.

Según las defensas, el juez de primara instancia y el TAM, en segunda instancia, condenaron a los reos basados en pruebas indiciarias y no directas, y que la figura del delito de financiamiento al narcotráfico ha sido mal aplicada a sus defendidos.

Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría han presentado en las dos instancias pruebas abundantes y abrumadoras, tanto contra los mexicanos, quienes llegaron al país para instalar toda una base del cártel de Sinaloa, como para los nicaragüenses, quienes no podían desconocer que había actividades irregulares.