Desde noviembre de 2006, en el municipio de Wiwilí, Nueva Segovia, se viene generando un rico camino de reflexiones, de espacios, de encuentros y delineamiento del Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca Canta Gallo, con el objetivo de garantizar una gestión más democrática e integrada del agua.

Al ser el agua un recurso trascendental e indispensable para la vida, la economía, la soberanía alimentaria, el medio ambiente; los actores locales y beneficiarios del recurso hídrico patentizaron durante el foro de aprobación del Plan de Manejo y Cogestión del Microcuenca Canta Gallo, que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, en Wiwilí, Nueva Segovia, que el “agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable”.

En este sentido, las comunidades de Buenavista de Ventilla y Caño de los Bravos, ubicadas en los alrededores de la microcuenca, y los beneficiarios del casco urbano de Wiwilí, que juntos ascienden a cinco mil habitantes, lograron que el gobierno municipal, presidido por Pedro Castillo Hinostroza, oficializara y aprobara la implementación del Plan de Manejo y Cogestión de la Microcuenca.

El documento suscrito por los gobernantes locales reconoce el uso y aprovechamiento de la microcuenca, y “ninguna persona, por ninguna razón, ni social, ni racial, ni política, ni religiosa, puede ser excluida del derecho al agua”.

Previamente, la Asociación de Municipios de Nueva Segovia, Amunse, con el apoyo técnico y financiero del organismo Progressio-Unión Europea, se dio a la tarea de investigar los orígenes y causas del deterioro ambiental de la microcuenca, para luego definir una serie de acciones encaminadas a proteger el derecho a vivir en un ambiente sano, prevenir la contaminación y fijar responsabilidades por daños ambientales.

Entre las reflexiones que salieron del foro se concibe que el agua es responsabilidad, en primer lugar, del Estado, y, en segundo lugar, de los actores relacionados con el recurso hídrico (organizaciones, empresas públicas y usuarios), bajo el paraguas de principios de integridad, equidad, participación ciudadana, protección ambiental. Se habla de principios de gestión integrada.

Para realizar o cumplir estas aspiraciones, el Estado debe implementar una política y estrategias nacionales para la gestión del agua, señaló el ingeniero Alex Zapata, asesor ambiental de Amunse y cooperante de Amunse-Progressio. “Quiero decir que el Estado está en la obligación de adoptar las medidas necesarias, dando cumplimiento con la Ley de Aguas que se encuentra en vigencia”, dijo.

Como se puede apreciar, esta noción de bien y de derecho pone al Estado y a los gobiernos locales como actores importantes en la gestión. Pero aquí no hay que olvidar que en los últimos años, actores como los usuarios del agua han desarrollado un conjunto de experiencias de gestión, han apoyado económicamente la construcción de infraestructura del agua; sin embargo, su fortalecimiento desde el Estado sigue manteniendo una cuenta pendiente, señaló el ingeniero Mauricio Izquierdo, de la Secretaría Técnica Ambiental de Wiwilí, Nueva Segovia.

En este marco surge la inquietud a cerca del rol del Estado con capacidad de regulación, de ejercer soberanía sobre el agua, de generar y ejecutar propuestas, de asumir responsabilidades, pasando por reconocer a otros actores históricos como los pueblos indígenas, y su derecho a participar mediante mecanismos y espacios claros. Por otro lado, a trabajar por el establecimiento de modelos de gestión participativos y descentralizados, como es el caso de la Microcuenca Cantagallo. Se habla entonces de un gobierno público del agua.

“El derecho a la salud y el derecho al agua son indivisibles: el agua es sagrada y esencial para la vida. El daño a nuestros recursos hídricos significa enfermedad y muerte para nuestras comunidades”, invocó el líder comunal José Alfredo Duarte.

Esto nos recuerda cuando la Coca Cola construyó una planta en Plachimada, India, y se robaba el agua del subsuelo, entonces los pueblos locales sufrieron impactos severos en su salud. Aquí en Nicaragua, debido al abuso de las fuentes de agua, la contaminación, de cada diez adolescentes que habitan en el sector rural, alrededor de ocho padece enfermedades diarreicas agudas y respiratorias.

La respuesta se debe orientar en un tratado para controlar la explotación irracional del agua. Este planteamiento es esencial para la vida.

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