*** Señalamientos contra Edgard Navas son de otros magistrados de la CSJ que lamentan la situación
*** Entre todo lo retenido están los casos del juez de Granada, del acusado por abuso sexual en Tipitapa y el de los magistrados narcovenales

Eloisa Ibarra | eibarra@elnuevodiario.com.ni

El magistrado Marvin Aguilar, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), responsabilizó a su colega, Edgard Navas, del retraso en la tramitación de quejas contra jueces y abogados, porque mantiene 700 expedientes retenidos sin firma.

Aguilar reveló el dato al consultarlo en torno a las quejas interpuestas en contra del juez de Distrito Civil de Granada, Róger Pérez Vega, y del juez Local Penal de Tipitapa, Guillermo García, señalado este último por presunto acoso sexual en perjuicio de cuatro mujeres.

Aguilar precisó que en noviembre del año pasado se planteó la situación en reunión de Corte Plena, y se llevaron los más de mil expedientes que en ese momento estaban pendientes de firma por parte de Navas.

En Corte Plena se acordó que se debían sacar más de mil quejas retrasadas, y ahora hay 700 sin firma, según datos de Inspectoría Judicial: 200 en espera de tramitación de las quejas y 500 con su proyecto de sentencia para que salgan, informó Aguilar.

No pueden hacer nada

Explicó que la CSJ no puede hacer uso de ningún mecanismo cuando un magistrado no cumple con su responsabilidad, por lo que considera necesario aprobar una ley que regule el funcionamiento de todos los funcionarios públicos, incluyendo a los magistrados de la Corte, para garantizar que cumplan con su función.

Navas, miembro del CNACJ, rechazó que en su despacho se encuentren retenidos 700 expedientes de quejas, pero reconoció que la semana pasada firmó 500 expedientes de quejas que están siendo enviados a Inspectora Judicial.

Justificó el retraso en la firma de los autos y resoluciones, en que no puede firmar sin analizar bien el contenido de cada una por tratarse de asuntos delicados en los que está en juego la reputación de los funcionarios y abogados, contra quienes se recurre de queja.

Aguilar y el magistrado Armengol Cuadra, ambos sandinistas, coincidieron en afirmar que en Granada ya no aguantan al juez Pérez, y aunque existe un proyecto de sentencia para destituirlo, se encuentra retenido en el despacho de Navas (liberal).

Defensa férrea de juez de Granada

Sin embargo, Navas rechazó que tenga quejas del juez Pérez en su despacho, e insistió que el problema en ese juzgado es la carga laboral existente. Aunque Aguilar y Cuadra indicaron que la situación de Granada la han planteado todos los magistrados de ese departamento, los litigantes y ciudadanos afectados por las actuaciones del judicial.

Cuadra y Aguilar coincidieron en que conocen la situación desde el año pasado, y aunque existe un proyecto de sentencia para su destitución, no se ha concretado porque el magistrado Navas no lo ha firmado. Navas dijo que en Granada hay bufetes que quieren ejercer control del despacho del juez
“En mi caso estoy en espera de que pasen el proyecto para firmarlo”, dijo Cuadra.

Los litigantes de Granada, al exponer su situación, afirmaron que el presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, se comprometió a actuar ante el problema, pero no han tenido respuesta.

El caso Tipitapa

En relación con el juez de Tipitapa, Aguilar explicó que existe un auto de apertura por las quejas de acoso sexual, pero Navas aún no lo ha firmado. “El asunto es grave porque hay una decisión de todos los poderes del Estado de combatir la violencia doméstica y las agresiones contra la mujer, y no se pueden permitir esas situaciones”.

Precisó que existen cuatro quejas de mujeres por acoso sexual y una de un varón por abuso de poder. La magistrada Yadira Centeno explicó que la Inspectoría Judicial recomendó la suspensión del juez García, y existe un auto en ese sentido. “No se puede permitir ese tipo de situación en la Corte”, dijo.

Navas informó que hoy (ayer) firmó el auto para la tramitación de ese caso, pero con una oposición a la suspensión, porque eso debe hacerse cuando hay situaciones graves como casos de narcotráfico.

Las mujeres denunciaron al judicial porque supuestamente les pidió sostener relaciones sexuales a cambio de fallar a favor de ellas en causas por pensiones alimenticias, injurias y otras, en trámite en ese juzgado local.

El criterio de Navas es que primero se debe investigar y si preliminarmente se encuentran situaciones que ameriten la suspensión del funcionario, pero de lo contrario debe esperarse la resolución.

Según Aguilar, el problema no es sólo en los casos de los jueces de Granada y Tipitapa, sino que hay un retraso de 700 quejas, de esas la mitad puede ser de jueces. Hay 200 casos de firma de auto para su tramitación y 500 expedientes con proyectos de sentencia que no salen por falta de una firma.

Entre esos casos retenidos, informó que se encuentra el proyecto de destitución de la ex juez Scarlett Gutiérrez, de Granada, a quien se le relacionó con fallos de narcotraficantes.

Magistrados impunes

Otro caso es el de los ex jueces de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, quienes deberían estar destituidos desde hace mucho tiempo porque había un proyecto de destitución con ocho firmas.

Aguilar indicó que en ese caso, los magistrados fueron trasladados uno a Granada y el otro a la Sala de la Propiedad, para que fueran a otros lados a hacer menos daños, pero deberían haber sido destituidos desde hace mucho tiempo.

Navas informó que los últimos expedientes que ha firmado van con amonestaciones y multas, y otros declarando sin lugar las quejas, aunque hay dos o tres con resoluciones de destitución, como el de una juez a quien acusaron de haberse quedado con una madera decomisada y quien tiene 20 quejas.

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