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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Sábado 15 de Marzo de 2008 - Edición 9910
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Estudio del Ieepp revela alto incremento de la Narcoactividad

Delitos transnacionales y su impacto en Nicaragua

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Delitos transnacionales y su impacto en Nicaragua - Foto
Oscar Sánchez / end. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) presentó un estudio ayer sobre la Dimensión e Impacto de la Delincuencia Transnacional Organizada en Nicaragua.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) presentó un estudio ayer sobre la Dimensión e Impacto de la Delincuencia Transnacional Organizada en Nicaragua, el cual reveló que el país ya no es un gran exportador de armas, y que se ha producido un cambio en la modalidad operativa de la narcoactividad.

Para conocer estos hallazgos se hizo un análisis del comportamiento de los delitos tráfico ilegal de personas, tráfico de armas y narcotráfico.

El Investigador Senior del Ieepp, Roberto Orozco, explicó que lo que existe es tráfico “transfronterizo” de armas de guerra, que no se origina en Nicaragua, sino que es producto de las actividades propias del crimen organizado en sus diversas expresiones.

Lo que existe en el país, es un “tráfico de hormiga”, concepto calificado como novedoso por Orozco, el cual consiste en la tenencia y venta ilegal de armas a lo interno.

58 puntos ciegos en Palo Grande

Este “tráfico de hormiga” se le atribuye a los robos de armas que se han vuelto comunes en las empresas de seguridad, sea porque le fue robada a uno de sus empleados o porque éste abandonó el trabajo y se la llevó consigo.

Para la realización de este informe se realizaron estudios de campo, por ejemplo, visita a Palo Grande, Chinandega, donde existen 58 puntos ciegos.

Igualmente, se visitó Somotillo, Rivas, Tola, San Juan del Sur y Cárdenas. En este último lugar se constató que existen 72 kilómetros sin vigilar y 27 puntos ciegos, cuando en 2005 había 17.

El estudio también reveló los factores que favorecen la actividad delictiva transnacional organizada, entre ellos, la vulnerabilidad demográfica, la porosidad de las fronteras y la vulnerabilidad por subdesarrollo.

Una prueba de ello es la constante ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional, principalmente en la Costa del Caribe, que significa casi el 50 por ciento del territorio nacional, donde apenas hay presencia en un 70 por ciento de la zona, y la Policía y el Ejército son las instituciones predominantes.

Los delitos transnacionales y su impacto en Nicaragua

En lo referido al tráfico ilegal de personas, el promedio anual en los años 90 era de 370 retenidos, mientras en 2005 se retuvo a seis mil 55 emigrantes. No obstante, como este delito se detecta sólo vía inteligencia, entonces se estima que sólo un 10 por ciento de los casos se descubre.

Así que se calcula que unos 65 mil emigrantes pasaron por Nicaragua en 2007, el 85 por ciento vía terrestre, y el 55 por ciento entró por el sur.

El delito de Trata de Personas no registraba cifras hasta antes de 2006, cuando se reportaron 21 casos, el 91 por ciento mujeres víctimas, de ellas, el 62 por ciento en edades de entre 13 y 17 años.

Otras cifras reportaban en 2003 un total de dos mil trabajadoras sexuales en Nicaragua, el 40 por ciento de éstas, menores de 18 años. Ese mismo año se reportaron unos 70 centros de prostitución, y en 2007 se registran casi 100.

En cuanto al narcotráfico, los hallazgos más significativos han sido los cambios en la modalidad operativa, pues ahora no existe sólo traslado, sino instalación de bases operativas. Hay un mayor apoyo logístico de las células nacionales.

Por eso ha habido un incremento en la detención de nacionales, por ejemplo, en 2006 se capturó a mil 793, y mil 691 en 2005. Todos por tráfico internacional.

En relación con los extranjeros, existe una gigantesca diferencia, en 2005 se capturó 58, y 49 en 2006. Igualmente, por el delito de tráfico internacional de estupefacientes.

Este estudio fue presentado durante un foro organizado por el Ieepp, en cual participaron como expositores la asesora jurídica legislativa de la Comisión de Justicia del Parlamento, María Auxiliadora Acosta Martínez, y el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.




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