El Ministerio de Transporte e Infraestructura es demasiado flexible frente al desorden de transporte que existe en la zona sur del país, y que tiene casi en la quiebra a una parte de las cooperativas que prestan servicio en Masaya, Granada, Carazo y Rivas, denunció la Unión Regional de Cooperativas del Sur.

Pero, además, el gobierno está resolviendo el problema por la vía de incrementar las tarifas y no por aplicar una política nacional de transporte que garantice el ordenamiento del sector, según opina Jorge Vidal Real, Presidente de la Unión.

El desorden es tal, que a veces hasta tres unidades con el mismo recorrido se detienen a la misma hora en una parada en busca de pasajeros, aseguró el dirigente de los transportistas, quien culpó de ese desorden al MTI por no poner fuera de circulación a unas 200 unidades de buses que se encuentran operando al margen de la Ley.

“Si suspendieran a los ilegales y si tuviéramos una política de gobierno hacia el sector transporte, no solucionaríamos la crisis del petróleo, pero al menos amortiguaríamos el golpe de la tarifa y de la competencia ilegal”, señaló Vidal Real.

Tarifas sin consultar

Según Vidal Real, las tarifas recién aprobadas que incrementaron hasta en un 40 por ciento el costo del pasaje, no fueron consultadas y se aplicaron directamente al usuario.

El empresario recordó que a inicios de año, la Unión Regional de Cooperativas del Sur propuso al gobierno a través del MTI que no se incrementaran las tarifas, pero que se pusiera fuera de circulación a los transportistas ilegales. “Fue irresponsable ese incremento”, según Vidal, quien aseguró que el MTI no escuchó la propuesta que ellos presentaron en las famosas mesas técnicas, que “no tuvieron éxito”, señaló.

El ingeniero Franklin Sequeira, Director de Transporte Terrestre del MTI, aseguró recientemente que la nueva tabla tarifaria fue consensuada no sólo con los transportistas, sino también con los usuarios, pero Ricardo Osejo, dirigente de la Red de Defensa de los Consumidores, reaccionó asegurando que esa tarifa no fue consensuada con nadie.

“En menos de un año la tarifa se incrementó en un 40 por ciento”, dijo Osejo, quien lamentó que “quien la paga al final es el pueblo”, y se inclinó a favor de ordenar el transporte público. “No puede haber rentabilidad si hay hasta tres y cuatro buses en la misma vía, eso provoca un mal servicio, se atenta contra la vida del pasajero, y genera un gasto innecesario de combustible”, argumentó.

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