*** El examen de las cuentas será desde enero de 2007, y es una respuesta al clamor de la sociedad civil por saber “de a como nos toca” la ayuda de Venezuela
*** Un contralor se opuso con tenacidad diciendo que era darle gusto a los medios, que por supuesto calificó con la muletilla “de derecha”

JOSÉ ADÁN SILVA

Una amenaza a la política secretista del gobierno aprobó la Contraloría General de la República ayer, al decidir por mayoría una auditoría especial a las cuentas de la empresa Petronic, receptora de los fondos multimillonarios derivados de la contrapartida que Venezuela nos otorga para aliviar la factura petrolera.

El contralor Lino Hernández, autor de la iniciativa de auditar los fondos de Petronic derivados del acuerdo petrolero con Albanisa, en asociación con la estatal venezolana PDVSA, dijo que la resolución oficial se aprobó con cuatro de los cinco votos del colegio de contralores.

Todo lo ven “de derecha”

Sólo uno de ellos se opuso tenazmente a la auditoría, agregando que la institución tenía muchas investigaciones pendientes de realizar, y que fiscalizar a Petronic “era seguirle el juego y la agenda a los medios de comunicación de la derecha”.

“Lo que se aprobó fue auditar el movimiento de ingresos y egresos de la cuenta de inversiones a Petronic, para saber cuánto ha entrado producto de la venta del petróleo, bajo qué condiciones y qué destino han tenido esos recursos, porque es un clamor nacional saber si ese dinero es del partido de gobierno o es una deuda pública de los nicaragüenses”, o una mezcla ilegal de los dos casos, dijo Hernández.

“La mayoría de los contralores coincidimos en que las cuentas públicas deben ser transparentadas, y si resulta que son deudas del país, deben reportarse como ingresos al Ministerio de Hacienda”, expresó el contralor liberal.

Desde enero 2007

Según Hernández, el período a fiscalizar abarca de enero de 2007 a la fecha de 2008, y podría comenzar en dos semanas, después de organizar los equipos y acreditar a los auditores de la CGR.

Antes de la resolución, no sólo el contralor Hernández se había pronunciado a favor de transparentar las finanzas públicas de Petronic, sino que diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política, habían clamado porque el gobierno abriera las cuentas de los recursos obtenidos por la venta del petróleo venezolano en Nicaragua.

Petronic asumió la ejecución del acuerdo político-económico del presidente Daniel Ortega con su par venezolano Hugo Chávez, en el marco de los acuerdos comerciales de la Alternativa Bolivariana de las Américas, un proyecto personal de Chávez con presidentes afines a su política.

Políticos de oposición, analistas de la sociedad civil y economistas independientes calculan que la ayuda venezolana al gobierno de Ortega alcanza los 300 millones de dólares anuales, sólo como contrapartida que Venezuela nos regresa de la factura petrolera con préstamos a largo plazo, sin meter los negocios propios de Petronic, que suman otra millonada de plata.

El acuerdo
El Acuerdo Energético del ALBA, suscrito el 29 de abril de 2007 por los presidentes Ortega y Chávez, establece que Venezuela suministrará crudo, productos refinados y gas licuado a Nicaragua, por un volumen aproximado de 10 millones de barriles al año, equivalentes al consumo anual del país.

El acuerdo establece que el 50 por ciento de la factura será pagada en un período de 90 días, con un interés del dos por ciento anual. El otro 50 por ciento se pagará en un plazo de 23 años con 2 de gracia y a una tasa de interés del dos por ciento anual, dividido en dos aplicaciones, Banco de Alba y ALBA-Caruna.

El temor de la sociedad civil, políticos de oposición y observadores económicos, es que los fondos sean ocupados para generar clientelismo político por medio de los programas sociales del gobierno, como Hambre Cero, Usura Cero, Yo sí Puedo, Calles para el Pueblo y otros más, lo que puede quedarse en esa cadena tan proclive a la corrupción por falta de controles institucionales.

El economista Néstor Avendaño dijo esta semana durante un foro sobre el tema, que la falta de transparencia en la cooperación de Venezuela “debilita la gobernabilidad en Nicaragua y fomenta la corrupción”.

El economista comparó el manejo de la cooperación venezolana del actual gobierno sandinista, con el de la cooperación que dio la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URRS, al gobierno sandinista de los años ochenta.

Al final del primer período sandinista en 1990, con Ortega como presidente saliente, Nicaragua presentaba una deuda externa de 12 mil 500 millones de dólares.