El Procurador General de la República, Hernán Estrada, denunció que los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) han dejado en indefensión al Estado al ordenar la suspensión de los efectos del decreto Presidencial en el que se obliga a las urbanizadoras a pagar por el agua que extraen a través de pozos privados.

Estrada afirmó que todos los recursos de las urbanizadoras y empresas que usan pozos privados han caído en la Sala Civil Uno, y todos se han tramitado y resuelto a favor de los recurrentes, aunque la Constitución establece la importancia del agua.

Empresarios de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) interpusieron recursos de amparo en contra del decreto Presidencial 10-2008, que los obliga a pagar doce córdobas por metro cúbico de agua extraída de pozos privados.

La Presidencia de la República estableció el cobro de doce córdobas por cada metro cúbico de agua extraído por fuerzas privadas en fines industriales, comerciales y turísticos del país para conservar y proteger los acuíferos, reservas de la nación y garantizar el derecho de los nicaragüenses a habitar en un ambiente saludable.

El decreto 10-2008 señala que las embotelladoras, las cervecerías y las procesadoras de café, entre otras, estarán sujetas a este nuevo cobro.