* Declaran improcedente todo lo relacionado con medida cautelar de aseguramiento de bienes en litigio
* Se derrumba estrategia de los herederos de los Somoza, quienes casi se tomaron la empresa con maniobras anteriores

Eloisa Ibarra | eibarra@elnuevodiario.com.ni

Los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) dejaron a salvo el derecho inmutable del Estado de administrar y resguardar por completo la Compañía Nacional Productora de Cemento (Canal), que reclama Isabel Urcuyo de Somoza, viuda del ex presidente Luis Somoza Debayle.

El Presidente de la Sala, magistrado Gerardo Rodríguez, explicó que declararon improcedente todo lo relacionado con la medida cautelar de aseguramiento de bienes litigiosos, porque no existe ningún sustento legal, y, por consiguiente, no procede con la demanda en trámite que es de nulidad de convocatoria de Junta Directiva.

“El aseguramiento de bienes litigiosos, el nombramiento de interventor en la Cementera, nada tiene que ver con el juicio, porque la figura de aseguramiento no cabe dentro de la demanda de Urcuyo, que es de acción de nulidad de convocatoria de junta extraordinaria de accionistas y nulidad de escritura pública promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito Civil”, indicó Rodríguez.

Explicó que la acción de nulidad es autónoma y el juicio sigue, pero con la resolución se le garantiza al Estado su derecho inmutable de administrar y reguardar la Cementera. La resolución fue emitida por unanimidad por los magistrados Rodríguez, Perla Arróliga y Vida Benavente.

Explicó que años atrás en esa sala emitieron una resolución a favor de la familia Somoza, porque no se habían percatado de la “madre” del juicio.

La operación rescate del somocismo

En 2001, para burlar la confiscación y las resoluciones de la Procuraduría mantenidas hasta 2000 en su contra, los Somoza promovieron acción legal para el nombramiento de una Junta Directiva en el Juzgado Primero Civil de Distrito, en tiempos de la ex juez Yelba Aguilera (destituida después de acumular 80 quejas), y ésta ordenó el nombramiento de una Junta Directiva en la Cementera, quedando como presidenta Urcuyo.

En 2002, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), emitió una resolución a favor de los Somoza ordenando que las acciones pasaran a los Somoza.

La Fiscalía General de la República aún tiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias del ex procurador Francisco Fiallos y de Leandro Marín Abaunza (ex representante de los Somoza) por emitir la resolución en la cual se ordena a la Corporación del Sector Público (Cornap), pasar a la Junta Directiva de los Somoza, nombrada el 11 de enero del 200 por Aguilera, las acciones de la Cementera.

También está pendiente que la Contraloría General de la República (CGR) se pronuncie sobre la solicitud que presentó la Cornap para que denuncie de nulidad el acto de devolución aprobado por la Comisión de Confiscaciones a favor de los Somoza.

La PGR promovió en el Juzgado Quinto Civil de Distrito una demanda de nulidad del acta de la Comisión de Revisión en la que ésta ordenó la devolución de las acciones de la Cementera a los Somoza, pero la juez Ligia Rivas no dio lugar y el caso se encuentra en apelación en el TAM.

Casi se la toman

En 2006, los Somoza casi toman control de la empresa, después de que los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM allanaran el camino para que el juez Cuarto Civil de Distrito, Néstor Castillo, nombrara un interventor, y entre los nombres propuestos estaba el de Álvaro Somoza Urcuyo.

Ahora los magistrados cambiaron de posición, según Rodríguez, porque se percataron de que el aseguramiento de bienes no procedía en la demanda de nulidad de Junta Directiva.