Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían “garantizar la independencia judicial”, por lo que los aspirantes al cargo deberían ostentar cualidades y principios como la igualdad, independencia, legalidad, imparcialidad, capacidad e integridad, según los resultados de un estudio que hizo el organismo cívico Hagamos Democracia en torno al perfil de los aspirantes a máximos jueces de la nación.

El estudio se realizó en cinco departamentos del país con el fin de definir, desde la percepción de la sociedad civil, el perfil de un juez, cargo que debería ocuparlo una persona con capacidades éticas y con destrezas sobre sus posibles funciones en una judicatura. Sin embargo, conforme con el estudio, el cargo está definido por un sistema judicial que se percibe como “una especie de conformación de feudos”.

Según el estudio, la mayoría de las decisiones tomadas por varios tribunales y por la propia Corte Suprema de Justicia, CSJ, lleva el sello de “una analogía jurídico-partidaria” que está desembocando en “una aumentada debilidad de la institucionalidad e inseguridad jurídica”

Obediencia a las leyes
Los consultados por Hagamos Democracia abogaron para que los candidatos a magistrados muestren una total independencia y únicamente se subordinen a la Constitución Política, “evitando en sus funciones partir de su valoración personal, y que decidan libres de cualquier autoridad ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencia directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón”.

El estudio concluye que un juez debe fomentar y proteger la independencia judicial para lograr el debido cumplimiento de sus obligaciones judiciales, con el fin de mantener la independencia de la judicatura.

“También los jueces exhibirán y promoverán altos estándares de conducta en su oficina, con el propósito de reforzar en el público la confianza en el cargo que ocupa”, se lee en el estudio.

Respecto a la legalidad, el informe hace mención de que las decisiones de los jueces y magistrados deben estar en concordancia con las leyes del país, es decir, que sus sentencias o resoluciones “emanen de las leyes y sean de contenido lícito.

“De igual forma, el actuar de un juez debe estar apegado al ordenamiento jurídico del país. Otras formas de actuación serán reguladas dentro del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativas que faculten su actividad”, señala el estudio.

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