Dejaron que perros dieran 200 mordeduras a Canda

* Defensores lucieron sin argumentos a favor de quienes permitieron que los rottwailler destrozaran a nicaragüense en Costa Rica

José Leonel Mendoza

Dejaron que perros dieran 200 mordeduras a Canda - Foto

Leonel Mendoza / end.- El policía Erick Sánchez.

Costa Rica
En un juicio que se vislumbra que se irá más por los derechos humanos que por los delitos que se señalan, se observó a una defensa sin nuevos elementos que aportar para desestimar el juicio en contra de diez imputados por la muerte del nicaragüense Natividad Canda Mairena.

Los argumentos de la defensa en el primer día de debate (objeciones) fueron los mismos que se presentaron en la audiencia preliminar del pasado 10 de diciembre de 2007, cuando el juez de la causa Luis Diego Muñoz, los desestimó y decidió elevar el caso a juicio.

“Indefensión”, que no fueron “intimados”, que se careció del “debido proceso de defensa”, que no se “particularizó e individualizó” la actuación de cada uno de los implicados y que no se “desglosó” los montos de la acción civil resarcitoria; fue el conjunto de alegatos que planteó a su favor los abogados de los acusados.

Incluso Kenneth Arce, defensor de los policías Erick Sánchez y Asdrúbal Luna, únicos acusados por el Ministerio Público por homicidio simple por omisión impropia, volvió a repetir que si no se sienten satisfechos con el fallo, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que le violaron los derechos constitucionales a sus defendidos.

Pobre defensa

Arce aportó como ejemplo que en la investigación del Ministerio Público se expresa que un grupo de personas gritaron: “Hijos de p… malparidos, hagan algo”, a lo que Arce cuestionó por qué “no se especifica” a quiénes le estaban gritando, si a los de adentro o a los de afuera.

Sin embargo, será la jueza Rosibel López (presidente), junto a dos colegas más, los que decidirán este miércoles si le dará cabida o no a esas objeciones.

“Confiamos en que si los jueces desestiman las objeciones, el proceso avanzará positivamente. Cuando los testigos declaren y se presenten las pruebas, la justicia nos dará la razón”, dijo el fiscal del caso Róger Soto.

Ante la posición de la defensa, el fiscal Soto fue preciso al señalar que Arce no podía pedir que se anulen las acusaciones porque se ha dado el debido proceso y se ha permitido el derecho a la defensa.

Tuvo acceso a expediente

Recalcó que no es cierto que haya una serie de ausencias, porque el mismo abogado de los policías tuvo acceso a las investigaciones, al expediente y que él mismo impulsó una serie de acciones para que no se le diera trámite de la denuncia.

“Desde un inicio no se particularizó la actuación de los efectivos policías porque en el momento del hecho todos tenían la obligación de actuar y socorrer a Canda, cosa que ninguno hizo. Todos eran indiciados pero una vez la OIJ (Organismo de Investigación Judicial), emitió su informe procedimos a acusar directamente”, expuso el fiscal.

Reiteró que la investigación duró más de un año, y que al inicio no había certeza ni claridad de las responsabilidades, pero que después se procedió a individualizar y que las pruebas ahí están.

“No puede alegar desconocimiento porque siempre estuvo al tanto y acceso al caso y las pruebas”, sostuvo Soto.

Los representantes de la madre de Canda, Juana Francisca Mairena, coincidieron en que “todos” los efectivos policiales que acudieron el 10 de noviembre de 2005 al taller Romero, “tenían la obligación de actuar” y que por ello la acusación civil y la querella fue generalizada.

Ninguno hizo nada

Argumentaron que la vida humana es inviolable y que todos hicieron lo mismo: “No hicieron nada”. Agregaron que la esencia de la acusación es que podían haber hecho algo y no lo hicieron, a sabiendas que unos perros tenían a un ser humano en sus fauces.

Por ello sostienen que la acción civil se sustenta en que los policías (8) no actuaron de acuerdo a las circunstancias y sus deberes, al igual que el dueño de los perros y el guarda de seguridad.

Al término del primer día, las jueces indicarán que el debate se retomará este miércoles, día en que también emitirán la resolución sobre las objeciones presentadas por la defensa de los imputados.

Al margen de lo que sucedía en la sala de juicio, la madre de Canda, Juana Francisca Mairena, quien arribó el pasado viernes a Costa Rica, esperaba impacientemente en una banca, debido a que su representante optó por su beneficio emocional que esperara afuera.

El llanto y el dolor por la muerte de su hijo eran evidentes en su rostro. Se mostró muy conmovida e impresionada cuando los medios de comunicación ticos le cuestionaron la indemnización que solicita su abogado, y porque le hicieron revivir los imborrables recuerdos de la muerte de Canda.

“Aquí (Costa Rica) no me lo dejaron ver, pero en Nicaragua abrí la caja. Fue espantoso como lo dejaron. Los policías y la gente no hicieron nada por salvarlo. Él no era un perro. Estaba desbaratado”, declaró llorando.

El Ministerio Público acusa a los policías Asdrúbal Luna y Erick Sánchez por homicidio simple por omisión impropia, es decir, no actuaron con prontitud para socorrer a Canda en el momento en que era devorado por dos perros rottweiler.

Mientras que la parte querellante acusa, adicional a los dos policías, a otros seis efectivos del orden público, al dueño de los perros y al guarda de la propiedad donde fue atacado el nicaragüense.

Según el dictamen médico-forense, el nicaragüense falleció tras recibir unas 200 mordeduras de los dos perros rottweiler. El expediente también revela que el ataque comenzó a eso de las 11:30 de la noche del 9 de noviembre y terminó pasada la una de la madrugada del 10.

Hay que recalcar que el informe del Organismos de Investigación Judicial (OIJ), y de la Defensoría de los Habitantes, indica que los dos policías señalados pudieron haber disparos en por lo menos dos ocasiones a los perros sin poner aún más en riegos la vida de Canda.

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