“Pacto” se ha fortalecido con gobierno orteguista

Mauricio Miranda y Luis Galeano

ARCHIVO / END.- Presidente Daniel Ortega.

un año y ocho meses de haber asumido la Presidencia de la República, Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista, han fortalecido el pacto político que “cocinaron” con Arnoldo Alemán y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y cuyo modelo de organización y de administración clientelista y prebendario, ha penetrado en las principales instituciones del Estado nicaragüense.

Así lo revela el “Primer Informe Nacional sobre la Democracia y la Gobernabilidad”, elaborado por el Centro de Derechos Constitucionales (CDC), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).

El objetivo principal del informe fue elaborar un análisis integral del proceso político nicaragüense en tres de sus aspectos más sensibles: la democracia, la gobernabilidad y la producción legislativa.

El estudio delimitó su monitoreo en 2007, “considerando el particular contexto del país con el retorno del FSLN al gobierno, partido que lideró la revolución durante los años 80”, y analiza puntualmente los efectos que ha tenido la administración sandinista en la gestión pública y en la participación ciudadana.

Instituciones subordinadas a pactistas

De acuerdo con el informe, en los últimos diez años la relación entre los diferentes poderes del Estado se ha caracterizado por crisis recurrentes a causa del control que el FSLN y el PLC, los partidos pactantes, mantienen sobre estas instituciones. En 2007, dicho escenario se mantuvo, pero con sus propias características, revela el estudio.

“En este período, los principales conflictos se presentaron entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, a causa de las competencias y facultades para gobernar y emitir leyes y decretos. Los casos más relevantes han sido: los cambios en el aparato de gobierno, los intentos para reformar nuevamente la Constitución Política y más recientemente, la instalación de los Consejos de Poder Ciudadano por parte del Ejecutivo”, se lee en el documento.

“En esa tercia de poderes, con una correlación de fuerzas que no le favorecía en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo optó por reavivar el Pacto establecido desde el año 98 entre el presidente actual, Daniel Ortega, y el ex presidente Arnoldo Alemán”, añade.

“Las demás instituciones claves como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y la Fiscalía, no han escapado del control de los partidos pactantes, y más bien se han subordinado totalmente a sus designios”, señala.

Resoluciones “inconstitucionales” y “antojadizas”
Las evidencias de este sometimiento se reflejan en las resoluciones “inconstitucionales” y “antojadizas” de los magistrados judiciales, las modificaciones al calendario para las elecciones municipales, el despojo de la personalidad jurídica a la Alianza Liberal Nicaragüense, y la realizada en 2008 con el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador, indica el texto.

Igualmente, se evidencia en la “sesgada investigación sobre el caso de los Cenis y las oficiosas actuaciones de la Fiscalía en contra de un grupo de mujeres defensoras de los derechos humanos, entre otros casos”.

Sobre este aspecto, el “Informe sobre la Democracia y la Gobernabilidad” llega a una conclusión poco alentadora: “Las perspectivas para los próximos años no parecen mejorar y se espera que el Ejecutivo mantenga este tipo de control y subordinación sobre los demás poderes del Estado, colocándolos a su servicio a fin de legalizar sus decisiones”.

Y no descarta que el próximo “blanco” sea la Asamblea Nacional, “por lo tanto es previsible que el presidente Ortega dirija sus acciones a controlarla utilizando los métodos tradicionales del clientelismo, el chantaje, la descomposición y la presión”.

Nuestro “ejemplar” Poder Judicial

El informe es categórico al señalar los principales problemas que atraviesa el Poder Judicial, vinculado principalmente al Frente Sandinista: falta de transparencia en la elección de funcionarios judiciales; designación a cargos por afinidades partidarias; casos de corrupción en el Poder Judicial relacionados con el narcotráfico; partidización de estructuras de justicia, y sentencias que no siempre son apegadas a derecho.

Y la principal debilidad detectada es la falta de implementación de la Ley de Carrera Judicial, que entró en vigor desde 2005.

“La falta de implementación plena de la Ley de Carrera Judicial permite discrecionalidad en las actuaciones de los magistrados y hace posible que se sigan nombrando a jueces, magistrados y funcionarios judiciales sin el apego a lo establecido en la ley; sin criterios técnicos y sin concurso”, sostiene el informe.

Los CPC y la “involución del proceso democrático”
Por otro lado, el documento destaca que el involucramiento de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en la gestión de las instituciones estatales, estaría generando una situación poco clara en términos de ejecución del presupuesto en función de la planificación institucional, y de la toma de decisiones de manera independiente por parte de los funcionarios designados especialmente para ello.

“De manera que a quienes hasta la fecha se les definía como la máxima autoridad dentro de la institución, con la presencia directa de los CPC, verán devaluada su autoridad, con el agregado que para muchas decisiones estratégicas estarán subordinados a los mismos”, establece el documento.

De acuerdo con el análisis realizado por el CDC, Cinco, y el Ipade en el “Primer Informe Nacional sobre la Democracia y la Gobernabilidad”, “la llegada de Daniel Ortega al gobierno, hace un año y medio, agravó todos los problemas generados por el pacto, cuya última crisis data apenas de 2005”.

Y “transformó el pacto en mayor discrecionalidad, borró la frontera entre sus métodos de conducción del partido y el gobierno, haciendo de ambos la misma mezcla de centralización, discrecionalidad y estructuras sin control”.

Coordinadora insiste en diálogo

Mario Quintana, miembro de la Coordinadora Civil, instó por enésima vez al gobierno a sostener un diálogo nacional, para enfrentar la crisis de gobernabilidad.

“Hemos demandado la necesidad de un diálogo nacional, de una concertación nacional, de un entendimiento nacional con el liderazgo del gobierno que fue electo por la ciudadanía, y con los partidos políticos, las fuerzas políticas, económicas y sociales, para encontrar --en medio de nuestras diferencias que tenemos como sociedad-- cuáles son los caminos que tenemos para solucionar los problemas que existen en el país”, dijo.

Quintana destacó los logros que se ha apuntado el gobierno, con la implementación de la gratuidad en los servicios públicos de Salud y de Educación, y la instalación de generadoras eléctricas para terminar con los apagones.

Pero insistió en que sin un verdadero diálogo incluyente, las estadísticas de pobreza, desempleo y subdesarrollo no podrán superarse.

“También hemos oído a partidos políticos, al Cosep, a Amcham, a las iglesias Católica y Evangélica, a distintos sectores de la sociedad, que quieren ese diálogo nacional. Incluso el Papa recientemente se pronunció en relación a evitar la polarización, a evitar la confrontación, y buscar por la vía de los medios civilizados, que es el diálogo, la concertación y el entendimiento, para buscar solución a los problemas que tiene el país”, afirmó Quintana.

Para Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora, “la gobernabilidad en el país está en una situación bastante difícil, desde el punto de vista de que sentimos que hay un retroceso en la participación ciudadana, y en el manejo de los problemas del país”.

Según ella, los programas de gobierno hasta ahora han beneficiado únicamente a sectores afines al partido Frente Sandinista.

“El otro elemento es cómo priorizar la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales, el respeto a la libertad de expresión, los cuales tienen que ver con la buena gobernabilidad”, apuntó.

Afirmó que a pesar de que el mismo gobierno ha planteado la necesidad de un diálogo, “sentimos que están cerradas las puertas, no hay mucho interés del gobierno de desarrollar un diálogo a fondo”.

Más poder que los Somoza

El analista político Carlos Tünnermann, asegura que la gobernabilidad democrática está en “crisis”, y advirtió que el actual gobierno sandinista tiene una concentración de poder inclusive mayor que el que tenía la dictadura somocista.

“El control que tiene sobre el Poder Electoral, sobre el Poder Judicial y en la Contraloría, está llegando a niveles que superan el poder que pudo tener la dictadura somocista”, afirmó. Sin embargo, señaló que todavía existe la libertad de conciencia y la libertad de expresión.

También señaló que los CPC “han venido a minar la auténtica participación ciudadana”.

“Con la firma del pacto, la gobernabilidad democrática comenzó a debilitarse, cuando se estableció que una persona podía ser electa como Presidente con tan solo el treinta y cinco por ciento de los votos en primera vuelta”, resaltó Tünnerman.

“Luego viene una segunda parte del pacto, donde se reparten los poderes del Estado, se amplía el número de magistrados a la Corte Suprema a dieciséis, hay nueve en el Consejo Supremo Electoral, se termina con la Contraloría unipersonal, se instala una colegiada para repartírsela también. Entonces, este clientelismo político va minando la institucionalidad”, añadió.

Orlando Núñez, asesor para Asuntos Sociales

“No hay dictadura, sólo batalla ideológica”
El asesor presidencial para Asuntos Sociales de la Presidencia, Orlando Núñez, dijo, por su parte, que el Gobierno siempre ha mostrado voluntad de llevar adelante la mejor relación posible con todos los sectores, incluso con la oposición, pero que desde que asumió el poder, lo único que han recibido son ataques.

“Aquí existe gobernabilidad, hay libertad de prensa y de organización, lo que pasa es que se ha montado toda una campaña desde la derecha oligárquica, que hace creer a la población que estamos en ingobernabilidad”, dijo Núñez.

Se defienden difamando

En una entrevista televisiva en el oficialista Canal 4, Núñez señaló que el gobierno y el FSLN han cambiado de estrategia y han pasado del silencio a la ofensiva, y todo aquel adversario, crítico o medio de comunicación que quiera atacarlos sin fundamento, ellos se van a defender.

Indicó que a su criterio lo que existe es una “batalla ideológica”, y que los adversarios, refugiados en medios de comunicación, ya no tienen el monopolio de la verdad, sino que se encuentran bajo cuestionamiento.

“Estamos en una disputa por el control de la opinión pública alrededor de posiciones políticas, y que el debate se establezca en las posiciones políticas y no en la conducta buena o mala de un ciudadano”, señaló.

¿La democracia un pretexto?

Añadió que algunos sectores quieren eliminar o proscribir a los sandinistas porque los consideran “malos por naturaleza”, y, por tanto, no tienen derecho al poder, y para lograrlo buscan el financiamiento de Estados Unidos y de Europa, bajo el argumento de que promueven la institucionalidad, la democracia y gobernabilidad.

“Pero si ellos ofenden, si dicen una bajeza y destruyen con caricaturas desde sus medios, es bueno, aplauden; pero si un poeta se tira la luz roja y lo detiene un policía y lo multa, entonces dicen que la Policía está contra los poetas en Nicaragua y que es culpa del gobierno y del FSLN”, expresó como ejemplo.

Lo mismo opinó la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien consideró que desde lo que se autollama la “sociedad civil”, se ha emprendido una campaña para crear la idea de que el país es gobernado de manera autoritaria. Por ello, añadió, están investigando a las ONG para ver el origen de sus financiamientos, no por perseguirles.

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