Capricho partidario contra institución legal

Leyla Jarquín

isidro hernández / end.- Nancy Arósteguí: “Lo que no debe suceder es que 5, 10 ó 20 personas se arroguen el derecho de decidir por los otros 20 mil que no están ahí (en los CPC)”.

CDM versus CPC. Así se resume la lucha que podría desatarse de hacerse realidad el discurso de los alcaldes del Frente Sandinista sobre trabajar con los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, en detrimento de los legalmente establecidos Consejos de Desarrollo Municipales, CDM, o bien si se institucionalizan reuniones para tratar temas de interés general, pero a las que sólo asisten los dirigentes de los CPC, los secretarios políticos del partido gobernante y los delegados de las instituciones del Estado, lo cual ya es notorio en algunos municipios del país.

Nancy Aróstegui, del Centro de Apoyo a Programas y Proyectos, Capri; Luis Caldera, de la Asociación para el Desarrollo Municipal, y el sociólogo Silvio Prado reconocen a los CPC como un espacio donde un determinado grupo de personas pueden estar organizadas por sus intereses partidarios o de cualquier otra índole.

No obstante, “los CPC están dirigidos por un partido político (el Frente Sandinista) y tienen la connotación de ser más instrumentos movilizativos que participativos”, evidencia Prado.

Por su parte, Aróstegui señala que no se puede cuestionar la representatividad de una organización, ya sean 5, 10 ó 20 personas las que la integren. “Pero lo que no debe de suceder es que esos 5, esos 10 y esos 20 se arroguen el derecho de decidir por los otros 20 mil que no están ahí”, dice.

“Por tanto, hay otros pensares, otros conocimientos, otras necesidades y otros sectores sociales que no están en los CPC”, agrega.

De igual forma opina Caldera, para quien “los CPC en esencia no son negativos”, pero “podrían ser negativos por la utilización de las personas que los integran”.

La génesis de los CPC

El 29 de noviembre de 2007, el Presidente de la República, Daniel Ortega, creó los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, vía decreto, donde estableció que los CPC tendrían presencia en las comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional, debiendo existir en cada uno de ellos coordinadores para 17 diferentes sectores.

Asimismo decretó el Gabinete Nacional de los CPC, el cual estaría integrado por 272 personas de los 15 departamentos y dos regiones autónomas. A la vez, estableció que serían miembros del Gabinete Nacional de los CPC ministros de Estado, presidentes de entes autónomos y gubernamentales, autoridades de la Policía Nacional, juntas directivas del Consejo Nacional de Planificación Económico Social, Conpes, entre otros funcionarios que delegara el jefe de Estado.

Para ello, meses antes y a petición de Ortega, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron las reformas a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, lo cual otorgó la facultad al mandatario de crear consejos, entre ellos el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, presidido por la primera dama, Rosario Murillo Zambrana.

En un acto oficial donde Ortega anunció la creación de los CPC, éste los legitimó como “verdaderos representantes de la sociedad civil” ante el gobierno del Frente Sandinista.

“Hay quienes se llenan la boca hablando de la sociedad civil organizada, pero la verdadera sociedad civil es el pueblo organizado en los CPC”, afirmó Ortega en aquella ocasión, donde también desconoció a “los demás organismos” civiles del país a los que tachó de “grupos financiados por los gringos” y que “sirven a los partidos al servicio de los grandes poderes y que son enemigos de los pobres”.

Con esta advertencia, Ortega llamó a convertir a los CPC “en una fuerza de la sociedad civil” en defensa de sus reivindicaciones, “para que les arreglen las calles, se desarrollen programas de viviendas” y resuelvan sus necesidades, porque ahora “el que manda es el pueblo”.

Pero no los eligió el pueblo

Para Aróstegui, Caldera y Prado es cuestionable la legitimidad de los CPC, pues nadie los ha elegido. “Hay un gran problema, a los CPC no los ha electo nadie, a los alcaldes los ha electo la población, o sea, la legitimidad de las autoridades no se puede comparar con la legitimidad de los CPC, entonces estarían violando la Ley si se impone una autoridad nombrada desde un partido político sobre una autoridad electa”, sostiene Prado.

Según este sociólogo, estudios realizados a finales de 2007 y a finales de 2008, la población que participa en los CPC es minoritaria, al punto que no llega al seis por ciento.

“Eso quiere decir que los intereses que están representados en los CPC solamente corresponden a una parte pequeña de la población de los municipios, por tanto, si se va a gobernar en base a los intereses y a las demandas de los CPC, los gobiernos municipales van a gobernar en base a esa pequeña minoría”, señala Prado.

¿Y los CDM?

Los Consejos de Desarrollo Municipal, CDM, están establecidos en la Ley de Participación Ciudadano y en la Ley de Municipios como espacios de participación y concertación donde los pobladores de un municipio abordan temas para el desarrollo de su localidad.

Nancy Aróstegui explica que el CDM está constituido por las distintas organizaciones de la población, ya sean comunitarias o sectoriales. Las comunitarias son los Comités de Desarrollo Comarcales organizados tanto en el ámbito rural como en el urbano. Las sectoriales son todas aquellas donde la gente se organiza según su trabajo. También están las organizaciones de la sociedad civil, los delegados de las instituciones del Estado y, por supuesto, las autoridades municipales.

Pese a que la ley no establece la obligatoriedad del gobierno municipal de asumir lo consensuado por el CDM en cuanto a las necesidades de la población, hay ejemplos de municipios donde los CDM han hecho posible la presencia de la mayor diversidad posible de la población y un diálogo más horizontal con las autoridades y por ende un desarrollo integral de la municipalidad, según explica Silvio Prado.

El Plan de Inversiones Municipales, PIM, y el Presupuesto Municipal, PM, son ejemplos de la cosa pública sobre las que los CDM pueden tener incidencia, de ahí la preocupación de estos expertos sobre la posibilidad de que se materialice el discurso del presidente Ortega y de los alcaldes del Frente Sandinista en el sentido de reconocer únicamente a los CPC.

“Hay que distinguir los hechos del discurso”, dice Luis Caldera, pero admite que “en situaciones como éstas hasta las sombras asustan”.

Por su parte, Silvio Prado advierte que con la sustitución de los CDM por los CPC se verían afectados el PIM, el PM, el Plan de Desarrollo Municipal, así como el seguimiento a proyectos municipales y la fiscalización de las alcaldías, pues todo se aprobaría y se ejecutaría por una minoría.

“La Ley de Participación Ciudadana dice que no van a ser (los CDM) los únicos (consultados), pero dice que hay decisiones que no se pueden tomar sin considerar la opinión, sin convocar a estos mecanismos como son los CDM”, asegura Prado, quien además aclara que la Ley “no excluye otras formas de participación como los CPC”.

Aróstegui, por su parte, reconoce el carácter estrictamente consultivo de los CDM y la autonomía del Consejo Municipal para tomar decisiones. No obstante, destaca a los CDM como un espacio de concertación para que la decisión del Consejo sea en base a un consenso.

“Si en el CDM participa el Consejo Municipal, (éste) toma consenso y cuando llega el debate al seno del Consejo Municipal, los concejales de todos los partidos conocen el pensar y decir de la gente, y entonces la decisión del Consejo ya va encaminada sobre la base del consenso”, explica.

Reuniones centralizadas

El Centro de Apoyo a Programas y Proyectos, Capri, es una organización civil con presencia en los municipios del departamento de Estelí y Palacagüina, departamento de Madriz y según Aróstegui, en estos lugares los Gabinetes del Poder Ciudadano, GPC, están convocados por los secretarios políticos del FSLN y sólo asisten seleccionados miembros de los CPC, los alcaldes y los delegados de las instituciones del Estado.

“Y cabe contar, nunca nos han invitado a las organizaciones locales, nunca se han acercado a las sesiones del CDM a pesar de que los hemos invitado a que se incorporen a los CDM”, relata Aróstegui.

Pese a que Aróstegui considera que mencionar consecuencias de estas reuniones centralizadas es especular, señala que hasta el momento han ocasionado que los procesos de concertación sean más lentos, a la vez que se duplican los esfuerzos porque “si vos querés coordinador algo con el ministerio de Educación y ya no está en estas sesiones de trabajo tenés que hacer un esfuerzo doble para ir, buscarlo y hablar con él en otro momento que implica otro tiempo laboral”.

¿Por qué los CPC deben integrar los CDM?

Luis Caldera, miembro de la Asociación para el Desarrollo Municipal, enfatiza en diferencias que indican que los CPC deben integrarse a los CDM:
“No es lo mismo tener diferencias que estar en contra”, asegura Caldera, quien además sostiene que “en la medida en que actuamos juntos es que se mejoran las cosas”.

Al final advierte que “Nicaragua no es una isla y los CPC no lo son todo en Nicaragua”.

CDM CPC
Es un espacio público-privado de concertación sobre intereses generales. Conformados por una minoría partidaria
Tiene el respaldo jurídico en este caso la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Municipios Sólo tiene el respaldo jurídico de un decreto que, jerárquicamente, es inferior a la Ley.

Es genuino porque representa lo que quieren los diferentes sectores de la sociedad. Representan a una minoría. (menos del 6% de la población)
Crea un sentimiento de pertenencia en la población por haber sido constructores de lo que tienen. Hasta el momento, sus miembros se han caracterizado por ser objetos y no sujetos.

Tiene una reglamentación interna. Hay una gran confusión en torno a cómo están estructurados y cómo funcionan.

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