* General Torres advierte del peligro latente de que pandilleros utilizados para atacar a ciudadanos honestos pasen de morteros y garrotes al uso de artefactos de fuego
* Presidente de Comisión de Defensa y Gobernación plantea que dueños de licencias de armerías antes de vender, deben contar con buena información de posible cliente
* “Una reforma a la ley no pondría impedimentos para que los familiares de altos oficiales o retirados participen en el negocio”, dice Maximino Rodríguez

Eloisa Ibarra | eibarra@elnuevodiario.com.ni

El general en retiro Hugo Torres opinó que los controles para adquirir una segunda o tercera arma deberían de ser muy estrictos, tomando en consideración las características propias del país, que sufrió dos conflictos militares en los últimos 30 años, con todas sus secuelas, y porque en Centroamérica se vive una situación muy explosiva en términos delincuenciales.

Aunque Nicaragua todavía no tiene la gravedad de Guatemala, El Salvador y Honduras, la delincuencia ha venido creciendo y los crímenes cada vez son más habituales, y en muchos de ellos aparecen armas de fuego involucradas, por lo cual la venta y el uso de armas deberían someterse a rigurosos controles, considera Torres.

Otras razones expuestas por Torres, para mejorar los controles, es el tráfico de armas, porque Centroamérica, a raíz de los conflictos armados, se convirtió en un mercado para las guerrillas de las FARC y las Unidades de Auto Defensa de Colombia y para el crimen organizado en México, además en los mismos países del istmo que requieren de ellas para ejercer su acción delictiva.

Esta captura de ciudadanos tratando de sacar del país armas, no es el primer caso, dijo Torres, pero debería de llamar la atención para ejercer mayores controles con las armas de fuego.

La semana pasada, las autoridades de la Policía Nacional detuvieron al guatemalteco Persi Alvarado Villagrán, quien pretendía trasladar 17 pistolas Glock 17 a su país de origen.

Tráfico es viejo

Roberto Orozco, Director de Programa de Seguridad y Crimen Organizado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), recordó que desde 2006 se conoce de casos de individuos que compran 5 o diez pistolas y las sacan ilegalmente del país.

Lo anterior se torna fácil, debido a que la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales, no establece límites para la cantidad de armas que por licencia de portación y uso de armas de fuego puede adquirir una persona.

Torres considera que en una reforma a la ley se debería establecer controles con la salida de armas, porque si en el caso de un vehículo, la licencia no puede prestarse para que otro la use, con mucha mayor razón no debería ser tolerable que cualquier ciudadano salga con arma para la cual no tenga licencia, donde el nombre de la persona registrada esté indisolublemente ligada al arma.

Dado que los controles migratorios son más expeditos, me parece que hay menos rigurosidad, y aunque siempre será posible esconderlas, se requiere de mejorar los controles, indicó Torres.

Otra razón presentada por Torres, es que Nicaragua es un país donde se recurre, por parte de las autoridades de gobierno, cada vez más a involucrar a jóvenes para atacar al adversario, que hasta ahora han sido armados con morteros, garrotes, de pronto pueden verse involucradas armas de fuego, que puedan ser adquiridas por personas distintas a quienes las van a utilizar.

Una reforma en espera

El diputado Maximino Rodríguez, Presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, indicó que desde hace dos años existe un proyecto de reforma a la Ley 510, precisamente para establecer mayores controles.

Precisó que la reforma pretende poner mayores controles para que los dueños de licencias de armerías tomen medidas que les permitan vender armas cuando hayan adquirido una buena información de la persona que pretende comprar, porque es una lástima que se presenten situaciones como la del guatemalteco.

Ni Rodríguez ni Torres encuentran mayor problema en el hecho que familiares de oficiales del Ejército y la Policía o que ex retirados de ambas instituciones tengan negocios de armas.

La ley establece que cualquier ciudadano tiene derecho a ser dueño o el gerente de cualquier negocio, en todo caso, dijo Torres, podría ser un poco delicado en términos políticos, que alguien tan relacionado a una alta jefatura militar, o policial, se involucre en ese tipo de negocio, que pueda sembrar duda o desconfianza en la institución militar, o que implique algún tipo de riesgo que no le convenga a la autoridad militar, aunque sea legal y legítimo.

Rodríguez explicó que en una reforma a la ley no pondría impedimentos para que los familiares de altos oficiales o retirados participen en el negocio de armas, porque constituiría una violación a la Constitución, que establece libertad de todos los ciudadanos de participar en el negocio que deseen.

Existe el mercado libre, y los nicaragüenses podemos hacer el negocio que nos parezca, y a través de una ley ordinaria no se puede establecer impedimentos a determinadas personas que violen la Constitución, dijo Rodríguez.

Muy burdo, dice Torres

A Torres no deja de llamarle la atención el “descaro” para estar sacando varias armas al mismo tiempo, lo que se podría prestar para golpear la misma imagen del Ejército, mancharle su honor para que esto se pueda cobrar en términos políticos.

“Me ha parecido tan burdo, tan extraño, la otra versión puede ser que el descaro sienta que tiene cierto grado de impunidad y eso actúa de esa forma”, dijo Torres.

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