Nicaragua entre dos reformas

* Mientras en Nicaragua un grupo promotor trabaja reformas más profundas, el canciller Santos habla de otras en su cabildeo ante la UE

Leyla Jarquín

Roberto Courtney y Samuel Santos. Archivo / END

Mientras aquí partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil hablan de respaldar las propuestas de reforma a la Ley Electoral para evitar que se repita el denunciado fraude electoral de las elecciones municipales del pasado nueve de noviembre, el canciller de la República, Samuel Santos, anunció ayer en su reunión con la comisaria de la Unión Europea, UE, Benita Ferrero, una propuesta para reformar el sistema electoral y judicial del país en aras de recuperar la cooperación económica de la UE.

El director ejecutivo de Ética y Transparencia, E y T, Roberto Courtney, manifestó que se están promoviendo una serie de reformas a la Ley Electoral para reparar el “colapsado” sistema electoral del país y así evitar un nuevo fraude electoral, como el denunciado después de los comicios municipales del pasado nueve de noviembre.

De acuerdo con un pronunciamiento del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, del cual E y T es miembro, sus propuestas de reforma a la Ley Electoral no ameritan reformas a la Constitución Política y persiguen establecer un sistema electoral independiente, inclusivo y transparente.

Un sistema transparente

El nombramiento de los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales de manera proporcional a los votos obtenidos en las últimas elecciones de diputados departamentales, y el nombramiento de miembros de las Juntas Receptoras de Votos de una lista de ciudadanos seleccionados de manera aleatoria del Padrón Electoral del Municipio, son las reformas que según el Grupo Promotor darían más independencia al sistema.

En las de carácter inclusivo, mencionan la flexibilización de requisitos para la constitución de alianzas electorales de partidos políticos, nacionales o por municipio, conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria. Y entre las que según ellos harían un sistema electoral transparente, está la de establecer la obligatoriedad del Consejo Supremo Electoral, CSE, de acreditar a los observadores electorales nacionales e internacionales.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales está compuesto por 15 organismos cívicos, entre los que está E y T; el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade; la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; Movimiento por Nicaragua, MpN; Coordinadora Civil, CC, etc.

“Son pura fantasía”

La segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputada Alba Palacios, dijo que “mientras esas propuestas de reforma (a la Ley Electoral) no lleguen a la Asamblea, son pura fantasía”.

Palacios no quiso opinar sobre las propuestas, pues aseguró que desconoce el contenido de éstas; sin embargo, explicó que “las leyes están ahí para ser cumplidas, y si no les gusta a una mayoría, que hagan una propuesta de reforma y la manden a la Asamblea para que el plenario la discuta y determine cuál será su posición al respecto”.

Courtney señaló que en Nicaragua no existe una legislatura que permita a la ciudadanía introducir una iniciativa de ley en materia electoral, por lo que es necesario que un partido político las asuma y las lleve a la Asamblea Nacional. Al respecto, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais, expresó que su partido está asumiendo las propuestas “como documento de trabajo para luego trasladarlas a propuestas” de reforma a la Ley Electoral.

Por su parte, la enlace nacional de la Coordinadora Civil, Luisa Molina, manifestó que por ahora las organizaciones de la sociedad civil que conforman la CC sólo están analizando a profundidad las propuestas, pero que mantienen su posición al pedir la renuncia de los magistrados del CSE y el recuento de las actas de escrutinio en más de 30 municipios.

Promete reformas electorales, judiciales y tributarias

A futuro prometió el canciller Samuel Santos reformas en los sistemas judicial, electoral y tributario del país en un documento que entregó a la comisaria de la UE, Benita Ferrero, quien por su parte manifestó su intención de estudiar “en profundidad” el documento y transmitir “pronto” su respuesta a las autoridades nicaragüenses.

El pasado diciembre la UE suspendió 31.7 millones de dólares en calidad de ayuda a Nicaragua tras las denuncias de fraude electoral por parte de partidos políticos de oposición y de la sociedad civil.

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