BERKELEY

Actualmente, el desempleo está subiendo como un cohete, porque las empresas que normalmente estarían ampliándose y contratando no lo hacen y las que normalmente estarían reduciéndose y despidiendo a empleados lo están haciendo muy rápidamente. Las empresas que deberían estar ampliándose y contratando no pueden hacerlo, porque el reducido nivel general de precios de activos financieros les impide obtener crédito o vender bonos en condiciones provechosas.

Para afrontar esta situación, los bancos centrales deberían comprar bonos estatales a fin de disponer de liquidez en la cantidad necesaria para elevar sus precios lo más posible. Los bonos estatales caros harían que la demanda se trasladara a las hipotecas o los bonos de empresas, lo que aumentaría sus precios.

Incluso después de que los bancos centrales hayan aumentado los precios de los bonos al máximo, deberían seguir comprando bonos estatales para disponer de liquidez, con la esperanza de que las personas que tienen los bolsillos llenos de efectivo gasten más de él, gracias a lo cual se crearán puestos de trabajo para los desempleados.

Además, los gobiernos deberían incurrir en déficits importantes. El gasto –ya sea el del gobierno de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, el resultante de las reducciones de impuestos de 1981 por parte de Reagan, el de Silicon Valley durante los últimos años del decenio de 1990 o el de los compradores de viviendas en el sur de los EE.UU. y en sus costas en el decenio de 2000– impulsa el empleo y reduce el desempleo y el gasto del gobierno es tan bueno como el de cualesquiera otros.

Por último, los gobiernos deberían aplicar otras medidas para aumentar el precio de los activos financieros y facilitar así, a las empresas que deberían estar ampliándose y contratando, la consecución de financiación en condiciones que les permitan ampliarse y contratar.

A este respecto conviene destacar el plan del Secretario del Tesoro de los EU, Timothy Geithner, de tomar unos 465.000 millones de dólares gubernamentales, combinarlos con 35.000 millones de dólares del sector privado y utilizarlos para comprar activos financieros arriesgados. El Tesoro de los EE.UU. está pidiendo al sector privado que aporte 35.000 millones a ese fondo de 500.000 millones de dólares para que todos sus administradores tengan un interés propio y así no corran demasiados riesgos con dinero de los contribuyentes.

Los inversores del sector privado deberían estar más que dispuestos a aportar esos 35.000 millones, pues tienen la posibilidad de ganar una fortuna cuando los precios de los activos financieros colmen parte del desfase entre sus valores actual y normal. Si el fondo tiene buenos resultados en los cinco próximos años –rendimientos del 9 por ciento al año–, los inversores privados obtendrán una tasa de rédito en el mercado por sus inversiones muy arriesgadas y el equivalente de “una comisión de administración anual” equivalente al 2 por ciento de los activos administrados.

Si la cartera da resultados inferiores –beneficios del 4 por ciento al año–, los administradores obtendrán, aun así, un rédito aceptable, aunque inferior al del mercado, del 10 por ciento al año de su valor de mercado y, si la cartera tiene malos resultados –si pierde el 1 por ciento al año–, perderán el 70 por ciento, aproximadamente, de su inversión. Se trata de posibilidades atractivas. Sólo el tiempo dirá si los financieros que inviertan y administren ese programa ganarán una fortuna, pero, si es así, contribuirán a que el gobierno de los EU gane una aún mayor. Y el 2 por ciento de activos administrados es una comisión anual de administración que muchos inversores expertos han estado dispuestos a pagar a fondos de cobertura privados, a la que se suma una comisión suplementaria del 20 por ciento de los beneficios anuales, que el Tesoro no paga.

Sin embargo, la probabilidad de que el plan Geithner rinda beneficios al gobierno de los EU es secundaria. El objetivo es reducir el desempleo. La aparición de 500.000 millones suplementarios en demanda de activos arriesgados reducirá la cantidad de éstos que otros inversores privados tendrán y la repentina aparición de entre cinco y diez fondos diferentes patrocinados por el gobierno que hagan pujas públicas por activos transmitirán información al mercado sobre los modelos que otros están utilizando para intentar valorar los activos en ese medio.

Esa información compartida reducirá el riesgo... un poco. Cuando se consideren menos arriesgados los activos, sus precios subirán y, cuando haya menos activos, sus precios subirán también. Con precios más altos de los activos financieros, las empresas que deberían estar ampliándose y contratando podrán obtener dinero en condiciones más atractivas.

El problema es que el plan Geithner no me parece suficiente: entre una octava parte y la mitad de lo que debería ser. Aunque el gobierno de los EU está haciendo otras cosas también –estímulo presupuestario, relajación cuantitativa y otras utilizaciones de los fondos de rescate–, no está haciendo todo lo que debería.

Mi suposición es la de que la razón por la que el gobierno de los EU no está haciendo todo lo que debería se puede expresar en tres palabras: senador George Voinovich, a quien corresponde el 60º voto en el Senado, el necesario para concluir el debate y promulgar una ley. Para hacer cualquier cosa que requiera la adopción de medidas legislativas, el gobierno de Obama necesita a Voinovich y los otros cincuenta y nueve senadores que están más dispuestos a apoyarlo. Los estrategas del gobierno parecen pensar que no pueden contar con ellos –sobre todo después del reciente escándalo de las primas de AIG–, mientras que el plan Geithner depende de una autoridad que el gobierno ya tiene. Para hacer más, haría falta una coalición legislativa que aún no existe.

J. Bradford DeLong, ex Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de Clinton, es profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley.

Copyright: Project Syndicate, 2009.

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