*Pareciera estar hecho con nombres y apellidos, a fin de anular la cooperación de ONG internacionales con organizaciones que el gobierno de Ortega ha proscrito
*Director del Ieepp señala que hasta el PNUD se vería en peligro, y al igual que muchas fundaciones famosas, hasta podría cerrar operaciones
*Control que pretenden es tal, que hasta señalan cómo debe estar conformado el personal de las ONG extranjeras, a las que imponen 90% de empleados nacionales

Ary Pantoja | apantoja@elnuevodiario.com.ni

En una especie de “mordaza y mecanismo de represión” se convertirá el manual que el gobierno aplicará a las Organizaciones No Gubernamentales extranjeras. El documento, al cual tuvo acceso EL NUEVO DIARIO, aún se encuentra en discusión.

Respecto al uso, manejo y destino de los fondos bajo administración de estas ONG, el manual establece serias restricciones, entre ellas el hecho de que “la cooperación financiera y técnica proveniente de los organismos internacionales, se realizará a través de organismos o grupos legalmente constituidos y registrados en el órgano competente”.

A juicio del director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, Javier Meléndez, “esto implicaría, por ejemplo, que si el Movimiento Renovador Sandinista o el Partido Conservador no son restituidos en sus derechos, regresándoles la personalidad jurídica, no podrían recibir apoyo para ser capacitados o entrenados en tal o cual tema por la cooperación internacional”.

El manual establece que “la contraparte nicaragüense (receptora de la cooperación) deben ser organizaciones legalmente constituidas en el país y que sus objetivos estén acordes con el rubro de la cooperación, debiéndose contemplar que los fondos no pueden ser destinados a actividades político-partidarias”.

“¿Qué significa esto? Que organizaciones como Friederich Ebbert, Fundación Nauman, la Konrad Adenauer, el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés) o cualquier otra organización, no podrán capacitar a miembros de los partidos políticos en liderazgo, transparencia del sector público o cualquier otro tema relacionado”, expresó Meléndez.

Con esta restricción, el director ejecutivo del Ieepp se preguntó “si deberán cancelar esas organizaciones sus operaciones en Nicaragua”.

A juicio de Meléndez, no sólo estas organizaciones están en peligro, sino otras de carácter regional, establecidas y asumidas por los Estados, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
“¿Deberá cerrar el mismo PNUD sus programas de apoyo a los partidos políticos? Si una de esas organizaciones internacionales o una ONG nacional que recibe apoyo de esas ONG internacionales, realiza un taller sobre manejo de medios de comunicación a un partido político, ¿será eso una actividad político-partidaria? ¿Se cerrará esa ONG nacional también?”, son las preguntas que se hace Meléndez al interpretar los términos del manual.

Restricciones peligrosas

El manual señala literalmente que las ONG internacionales deben “abstenerse de toda participación en actividades políticas de carácter partidario, así como el uso de los recursos, bienes e instalaciones de la organización (nacional)”.

Para Meléndez, esta disposición, además de restrictiva, es ambigua y deja a discrecionalidad del gobierno determinar qué es una actividad política de carácter partidario.

“Si una ONG capacita a un partido político sobre cómo mejorar el seguimiento a los presupuestos públicos, ¿será considerado que esa ONG internacional apoya una actividad político-partidaria?”, se preguntó Meléndez, puesto que en el manual no queda claro.

Por otra parte, el documento establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Minrex, “participa en conjunto con la entidad extranjera en la fiscalización de la aplicación de los recursos, a través de informes periódicos acordados, visitas de campo, y aquellos que mutuamente acuerden”.

Para el director ejecutivo del Ieepp, “si se permite esto, el gobierno terminará vigilando también a las ONG nacionales. Los ciudadanos vigilan al gobierno, no los gobiernos a los ciudadanos”.

Según Meléndez, “a final de cuentas, el Minrex va a determinar qué uso de fondos es adecuado y cuál es inadecuado. Esto tiene el potencial de ser invasivo. Imaginemos que al gobierno no le gusta que un Organismo No Gubernamental denuncia corrupción en el sector público, entonces (el Minrex) le dice a la ONG internacional --que da los fondos a esa ONG nacional-- que los oficiales del gobierno intervendrán esa ONG para verificar si lo que hacen es correcto o no. Esto es insano y dictatorial”.

Control laboral

De alguna manera, el manual también establece controles sobre las contrataciones profesionales y de personal técnico que deberán hacer los organismos internacionales una vez establecidos en Nicaragua.

“La cantidad de profesionales o técnicos expertos extranjeros en una Asociación o Fundación Extranjera no puede exceder del 10%; y el nicaragüense no puede ser inferior al 90 %. Salvo excepciones de ley”, se lee en el manual.

Para Meléndez, esta disposición no queda muy clara. “¿Qué significa ese 10%? ¿Sólo se refiere al personal de planta? Si esa ONG internacional funciona con fondos que enteramente son dados por el país de origen y que no son dirigidos al gobierno, ¿por qué el gobierno debe indicar o imponer cuántos profesionales extranjeros deben trabajar?, se preguntó.

Por otra parte, la normativa establece que “los gastos indirectos de los proyectos financiados por las Asociaciones y Fundaciones Internacionales (incluyendo asesorías, consultorías, capacitaciones y de apoyo administrativo) no deberán superar el 25% del total del presupuesto del proyecto”.
Al respecto, Meléndez cuestiona: “¿Por qué el gobierno debe limitar a las ONG? ¿Por qué el gobierno quiere limitar en los proyectos los fondos dirigidos a capacitaciones?”
“En caso de terminación anticipada de este convenio (manual), el gobierno de Nicaragua, por medio de la Dirección General de Ingresos o Dirección General de Servicios Aduaneros, podrá exigir el pago de los impuestos que el fisco dejó de percibir producto de este convenio en los últimos dieciocho meses”, es otra de las disposiciones establecidas en el documento.

“Amenazan con castigos fiscales si al gobierno le parece que X organización internacional apoya actividades en ONG nacionales que ellos consideren político-partidarias. Entonces, si los que financian al Grupo Promotor de las Reformas Electorales son hallados ‘culpables’ de apoyar iniciativas que van contra la legislación nacional, además de retirarse, deberán pagarle al gobierno”, explicó Meléndez.

Para el director ejecutivo del Ieepp, “es claro que con este manual buscan, al final de cuenta, regular y limitar las actividades de las ONG nacionales, y además levantan un sistema de vigilancia atroz contra las ONG internacionales”.

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