Alergia de funcionarios a actuar con transparencia

Luis Galeano | lgaleano@elnuevodiario.com.ni

Archivo / END Bayardo Arce Castaño.

Desde 1999 a 2006, sólo cinco funcionarios públicos han aprobado que su declaración de patrimonio personal sea conocida por la población nicaragüense, de acuerdo con un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) solicitado por EL NUEVO DIARIO.

En el estudio no se identifica cuántos funcionarios públicos de las distintas administraciones se han negado a hacer públicos sus bienes, a petición de la ciudadanía.

En el Estado trabajan cerca de 30 mil empleados en cada administración, y todos obligados a rendir su declaración de probidad de acuerdo con la Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos de Nicaragua.

Durante las últimas tres semanas, el tema de las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos ha estado en la palestra pública y en el debate sobre corrupción, luego que se conociera que la rendición de patrimonio de cese e inicio de funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, no se encontraba en la CGR, y se especuló que no la había entregado.

Dentro de una investigación del ente fiscalizador a la actual Administración del presidente Daniel Ortega, se conoció también que el director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca), Steadman Fagoth, asumió su cargo sin rendir sus bienes ante el ente fiscalizador. Actualmente, su administración es auditada por denuncias de corrupción.

Otros que no han entregado sus cuentas son: la directora general del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Isabel Martínez, y José Zapata Chávez, Director de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

El informe de la Contraloría, fechado el pasado 19 de mayo y elaborado por Xiomara Ortiz Centeno, responsable de Registro y Control de Declaraciones Patrimoniales de la CGR, y remitido al director de Probidad de esa entidad, Juan Carlos Su, deja clara la intención de los funcionarios estatales de mantener en secreto sus bienes, una decisión que es vista como insana por diversos sectores del país, por cuanto se trata de funcionarios públicos que reciben beneficios salariales el Estado.

Rivas, el polémico titular del CSE al que se le atribuyen delitos de enriquecimiento ilícito, y que lleva una lujosa vida no compatible con sus ingresos salariales, se ha escudado en el hecho de que su patrimonio es privado, y, por tanto, argumenta que no se debe conocer públicamente, porque --a su juicio-- se está poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familiares, que pudieran ser blancos del crimen.

Y esa tónica ha sido la de la mayoría de los casi 30 mil funcionarios públicos, que de acuerdo con la Ley 438, no deberían ocupar el cargo sin antes entregar su informe a la CGR
Uno cuando Alemán y cuatro con Bolaños
Durante la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán (1996-2001), acusado, sentenciado y luego absuelto por delitos de corrupción, sólo el Ministro de Trabajo de ese entonces, el hoy diputado Wilfredo Navarro, manifestó no tener ningún problema en que el país entero se enterara de cuáles eran sus bienes y a cuánto ascendían.

El caso más extraordinario de crecimiento económico, al amparo de la función pública, fue el del ex presidente Alemán. Su declaración se conoció en los medios únicamente cuando se filtró en 2002, dos días antes de que abandonara la Presidencia de la República.

Según su propia declaración, al iniciar su gestión en 1990 como alcalde de Managua, Alemán tenía bienes por 26 mil dólares. Al cesar del cargo en 1995 tenía 309 mil dólares.

Al iniciar su gestión como Presidente en 1997, reportó 993 mil dólares y al cesar en la Presidencia en 2002, anunció ser poseedor de bienes hasta por un millón 364 mil dólares, pero cercanos colaboradores y otrora adversarios encarnizados, como el ex embajador Leonel Téller (hoy asistente del ex mandatario), insistían en que la fortuna mal habida del ex presidente era superior a los 250 millones de dólares.

La Procuraduría General de la República lo acusó en 2002 por malversación de 100 millones de dólares del erario.

Posteriormente, sólo el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) y el ex ministro y ex candidato presidencial Eduardo Montealegre, autorizaron que se hicieran públicos sus reportes de patrimonio, cuando alguna persona, por razones personales, periodísticas o de cualquier otra índole, pidieron conocerla.

No obstante, durante la campaña electoral presidencial de 2006, el hoy presidente Daniel Ortega, al igual que su contrincante liberal constitucionalista, José Rizo Castellón, aprobaron en actos públicos que se conocieran sus patrimonios, y que el país estuviera enterado de quién era quién, en cuanto a recursos económicos propios.

El ex vicepresidente Rizo (2002-2005) declaró que su patrimonio asciende a 1 millón cien mil dólares, incluyendo bienes de su esposa Fabiola Salinas.

Montealegre reportó un patrimonio de 5.3 millones de dólares en bienes y propiedades, junto a su esposa Elisa McGregor Raskosky.

El presidente Ortega, antes de asumir su cargo en 2007, dijo tener bienes valorados en unos 217,669 dólares (un poco más de tres millones de córdobas al momento de la declaración) junto a su esposa Rosario Murillo.

Luego de asumir su cargo de gobernante, la Contraloría decidió no entregar la declaración de probidad de Ortega, indicando que ya se había informado una vez de ella.

Como candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, el postulante del Movimiento Renovador Sandinista, Edmundo Jarquín, y el ex comandante guerrillero Edén Pastora, anunciaron bienes por 1 millón 200 mil dólares, y 250 mil, respectivamente, y pusieron a la orden pública sus declaraciones patrimoniales.

Los que se negaron a que END conociera

No ha sido el caso de otros. El caso del magistrado Rivas es el más sobresaliente, por la negativa constante de evitar que la población se entere de sus bienes, aun cuando le achacan ser el dueño de mansiones en Costa Rica, de avionetas particulares, de yates y de llevar una vida de jeque.

No ha sido el único. El vicepresidente Jaime Morales Carazo; el diputados suplente Fabricio Cajina; el jefe de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional, Edwin Castro; el embajador en Perú, Tomás Borge, y el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce, respondieron negativamente cuando EL NUEVO DIARIO solicitó a la CGR sus declaraciones de probidad.

Todos ellos argumentaron que si la ley no los obliga a presentar su declaración de probidad, no tienen por qué hacerlo.

El presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, se lamenta cuando habla de este tema, porque a su criterio el patrimonio de los servidores públicos debería ser una “vitrina abierta” para que lo vea la población, “pero, desgraciadamente, la Ley de Probidad dice que la declaración de probidad es privada”.

“Toda persona natural o jurídica, con expresión detallada de los motivos que le asisten, podrá solicitar a la Contraloría la Declaración Patrimonial de cualquier Servidor Público, bajo su propia responsabilidad civil o penal”, se lee en el artículo 22 de la Ley de Probidad.

Pero el mismo artículo expresa, que “de tal solicitud se deberá poner en conocimiento al servidor público de quien se solicita la Declaración Patrimonial, para que argumente lo que tenga a bien, en un término de tres días”.

Aunque el funcionario negare o aceptare dar a conocer el detalle de sus bienes, el Consejo de Contralores tiene la última palabra sobre si entregarla o no, siempre y cuando no sea una petición del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República, a la cual están obligados por ley a entregarla.

“La ley les garantiza la privacidad en cuanto a sus declaraciones de probidad, por la razón que sea, los funcionarios no quieren que se conozca lo que tienen”, dijo Argüello Poessy, quien se suma a los funcionarios que han estado dispuestos a que la población conozca lo que tienen.

“Por mí no tengo problemas en que se conozca lo que tengo, mal haría yo en negarme a que la población sepa mi patrimonio, porque soy de los que creo que al menos la ley dispusiera que los más altos cargos públicos, desde ministros hasta directores generales, hicieran pública su declaración de probidad, sería sano”, indicó.

Símbolo de transparencia

Para el director Ejecutivo de Ética y Transparencia, E y T, Roberto Courtney, la Ley de Probidad es contradictoria, pues aunque señala claramente que será la Contraloría la que decidirá si se hace pública o no una declaración de bienes, también le da mucho peso a la decisión del funcionario.

“La ley dice que se permite conocer si así lo dispone la CGR, pero que cuando el ladrón no quiere que se sepa no se sabe, es decir, un doble discurso normativo típico de nuestra legislación”, dijo Courtney.

Indicó que las declaraciones de probidad en la mayoría de los países del mundo son públicas, porque se considera que forman parte de las ventajas o desventajas que trae ser servidor público.

Sin embargo, explicó que eso se debe a que los empleadores --que son los ciudadanos que pagan sus impuestos y con ello el salario de los servidores públicos-- reclaman que se transparenten los patrimonios para garantizar el buen manejo de la cosa pública que se le ha confiado a cualquier ciudadano nombrado en un cargo estatal.

“En tanto la declaración se mantiene como privada, perdés en probidad y en transparencia, porque no hay manera de constatar que lo que declaró el funcionario es absolutamente cierto”, indicó.

El director Ejecutivo de E y T dijo que aunque no se puede descartar que la publicidad de una declaración de probidad pueda convertirse en un problema de inseguridad para una persona con mucho dinero, el derecho de la ciudadanía debe ser de más importancia por la transparencia de la cosa pública.

“En el mundo, en la mayor parte de los países, se concluye que el derecho del ciudadano, general y soberano a saber lo que tiene el empleado estatal, pesa más que el riesgo que corre quien acepta ser empleado, que tiene una gran ventaja partiendo desde el salario que tienen, que son de los mejores del país”, concluyó.

(Colaboración de José Adán Silva)

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