La señora María Cristina Escobar Velásquez, propietaria de la finca rústica San Antonio, que mide 180 manzanas de tierra ubicadas en la comarca La Calera, de Achuapa-León, introdujo ayer una queja contra el Juez Local Único de Achuapa, Carlos Alberto Delgado, y contra el abogado Edwin Hermes Pérez Valenzuela, por supuestamente prestarse a artimañas legales para beneficiar a Alí Matilde Jirón Palacios y robársele su propiedad.

“El juez Carlos Delgado desde 2007 me ha dado muchos problemas con andar agilizando cosas fueras de la línea. Se vende por cierta cantidad de dinero y hace cosas fuera de la ley; me han tomado tres veces en secuestro la propiedad que mi marido compró a crédito al Banpro en 2001, y que cancelé en 2006, y en 2007 me entregaron las escrituras legalmente inscritas”, expresó la afectada.

El señor Alí Matilde Jirón Palacios tomó posesión de la mitad de la propiedad de María Escobar, el 13 de marzo de 2009 a las 2:40 de la tarde, mediante un secuestro preventivo. Además, se identifica como ex trabajador de la Seguridad del Estado en los años 80, y se jacta de tener el apoyo de su sobrina Alba Palacio, diputada sandinista; de Lenín Cerna, ex jefe de la Seguridad del Estado; de Rafael Mairena, responsable departamental del FSLN, y de una sobrina que labora en la Corte Suprema de Justicia.

“En 2007, cuando gana la presidencia Ortega, Alí se viene a Nicaragua a tratar de quitarme la propiedad, pensando que estamos en tiempos de la revolución. Desde entonces ha realizado tres secuestros preventivos, pero hasta ahora tomó posesión de la mitad de la finca”, expresó la perjudicada.

Queja ante Corte Suprema

Según el escrito de la queja entregado ayer en la oficina de Rubén Montenegro, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, la afectada solicita la suspensión inmediata del Juez local Único de Achuapa, Carlos Delgado, y el impedimento de ejercer la profesión de abogacía a Edwin Pérez Valenzuela por estar ejerciendo la profesión, aunque supuestamente pende sobre su persona una condena de tres años.

“Se sabe en la ciudad de León, que sobre el licenciado Edwin Hermes Pérez Valenzuela pende una condena de tres años de prisión en su contra, pero por amistades hoy goza de libertad gracias al beneficio de libertad vigilada, otorgada por el Juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de León, situación que ha permitido que continué con más fechorías”, cita el escrito.

Escobar asegura que los abogados denunciados aparecieron con un documento donde falsificaron su firma. “Según el documento, dice que se reunieron en mi casa y falsificaron mi firma junto a la de un Jesús Mendoza Rocha, que no conozco, haciendo aparecer que yo había vendido la propiedad, y eso lo agilizó el juez, y esa es la queja que tengo porque son unos abogados inescrupulosos que han tratado de aparecer y legalizar escrituras falsas. Son dos años de sufrimiento, de hostigamiento y de gasto en abogados”, recalcó Escobar.

La denunciante también recordó que el usurpador de tierras estaba en Estados Unidos prófugo de la justicia por un secuestro. “Alí ha trabajado mucho en la delincuencia, estaba en los Estados Unidos prófugo de la justicia de Nicaragua por un secuestro que hizo a un señor de Limay, y sólo dos acusados pagaron la condena y el huyó”, detalló la quejosa.

Escobar se dedica a la crianza de ganado y cultivo de caña Taiwan para alimento de ganado. Ella pagó al banco 45 mil dólares por la propiedad, que canceló en 2006. “Durante los seis años que administré la propiedad para cancelar al banco no apareció dueño, apenas cancelé aparecen”, comentó.

Según Escobar, esa propiedad llegó a manos del Banpro cuando una hermana de Alí sirvió de fiadora a un cuñado y éste no pagó y perdieron la propiedad.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) en León intervendrá de oficio en el caso de Escobar, y procederá con una minuciosa investigación en las próximas horas, aseguró Pablo Ventura Hernández, Delegado Departamental de la PGR.

Ventura aseguró que cuando hay personas que usurpan propiedades y se amparan bajo el resguardo y seguridad de otras personas de poder en el gobierno, deben “ser juzgadas en los tribunales de justicia, así como cualquier otra que desarrolle acciones antijurídicas en los temas de propiedad”.

Asimismo, mencionó que ni en las oficinas de la PGR ni en la Intendencia de la Propiedad hay denuncia de lo ocurrido en Achuapa. “Lo que conocemos hasta este momento fue a través de EL NUEVO DIARIO, y por este mismo medio aprovecho para decirle a la señora María Cristina Escobar Velásquez, que venga a estas oficinas a hacer efectiva su denuncia”, refirió.

Según el funcionario, recientemente se conformó en todo el país la Unidad Móvil de la Propiedad, que trata de resolver los conflictos de propiedad, y particularmente los que tengan que ver con los problemas de desmovilizados del Ejercito.

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