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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Viernes 05 de Junio de 2009 - Edición 10347
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Procuraduría revierte inscripciones “dolosas” en tierras valiosas

¿Neoconfiscaciones o recuperes?

* PGR sugiere “lavado de tierras” en bellas playas de Tola y anuncia “mano fuerte” para revertir despojos al Estado
* Cunde temor entre inversionistas del turismo en la zona y algunos sospechan “neoconfiscaciones”
* La mira de PGR en el Reparto de San Martín de Cornelio Hüeck, donde el Ejército se despachó hermoso


La decisión de una juez de Rivas de mandar a cancelar los asientos registrales de una valiosa propiedad costera que reclamó como estatal la Procuraduría General de la República, causó preocupación entre inversionistas del turismo en el sector, a pesar de que el procurador celebró la acción como “el inicio de la recuperación de tierras despojadas al Estado mediante acciones ilegales”.

El pasado 5 de mayo, la juez Jenny del Rosario Chávez Zapata, titular del Distrito Civil de Rivas, emitió sentencia sobre el juicio que interpuso la PGR sobre una propiedad de 65 manzanas y 7.390 varas cuadradas en el lugar conocido como San Martín, El Astillero y Playa Conejo, en el sureño departamento de Rivas.

Según la sentencia, la propiedad había sido inscrita “dolosamente” en el Registro de la Propiedad en julio de 1999 a favor del Ejército, por el entonces jefe militar Joaquín Cuadra Lacayo (en el documento lo citan todavía como coronel, pero a esa fecha ya fungía como general y comandante en jefe del Ejército de Nicaragua).

Luego la misma propiedad, que según la PGR pertenecía al Estado de Nicaragua, fue traspasada ese mismo mes por Julio José Calero Reyes, como apoderado general de administración de los militares, bajo la figura de donación “de manera pura y simple e irrevocable”, a Edgard Ramón Hernández Cruz

Operación “pasa-manos”

Éste vendió 12 días después en 50 mil córdobas a Walter Ignacio Bühler Molina, y en el cuarto asiento del registro aparece la sociedad Invesstissments Suisses de Tourismo S.A., comprando a Bühler por 50 mil córdobas; en 2003 esta sociedad desmembra un lote de 19 manzanas con 5,191 varas cuadradas a favor del Hotel Punta Teonoste, por 20 mil córdobas, y éste construyó ahí.

La juez encontró, de acuerdo con la sentencia, que era “inconcebible” que a pesar de que la propiedad había sido inscrita en 1999, el mismo día que se publica la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, el 2 de septiembre de 1994, se hayan emitido los títulos de la propiedad “sin los debidos trámites y requisitos que establece la ley”.


Aunque el procurador Hernán Estrada no quiso referirse como actos dolosos a las acciones del Ejército en esas fechas, sí señaló que hubo irregularidades, y que por eso la institución recurrió por la vía legal a recuperar las propiedades estatales.

“Aquí hay muchas tierras que se robaron, se utilizaron diferentes vías, y nosotros no nos oponemos a que sean beneficiarios del Ejército, cuando fueron realmente beneficiarios, pero cuando hubo situaciones como playas enteras de esas que se fueron por vías ilegales, nuestro papel es recuperar la tierra a favor del Estado”, dijo Estrada

Temor a neoconfiscaciones

La acción del Estado provocó ayer tímidas reacciones de inseguridad entre inversionistas turísticos de la zona, quienes adquirieron propiedades que fueron asignadas en los años 90 a cooperativas de desmovilizados del Ejército de Nicaragua.

Algunos de ellos, a condición de anonimato por sus situaciones migratorias de extranjeros, con residencias temporales, manifestaron temor por el futuro de inversiones millonarias realizadas en las zonas en disputa.

El procurador Estrada aseguró que respetarían las inversiones, pero afirmó que continuarían la revisión de casos anómalos donde el Estado sufrió daños al patrimonio para recuperar las tierras.

“Si ahí hay inversiones, como dice este señor que hay, como puede ser que haya y como creo que hay, obviamente que el Estado no va a ir a botar el hotel, no hay interés en afectar las inversiones, de ninguna manera, pero sí hay interés de recuperar las tierras del Estado por la misma vía del derecho que establece todo Estado de Derecho”, dijo

Harán “arreglos”

De acuerdo con Estrada, en el caso de quienes hayan invertido en tierras usurpadas en su momento al Estado y que sean ganadas en juicio por la Procuraduría, se establecerían diferentes opciones de negociación: “En principio, se establece que las tierras son del Estado, se hace un arreglo legal, se puede hacer un arriendo de la propiedad, respetando la inversión, pero asegurando que las tierras son estatales”, explicó.

Estrada recordó que ese lote que el Estado peleó en los juzgados, perteneció a Agropecuaria San Martín, cuya finca matriz era de más de 3,000 manzanas al asumir el poder la Revolución Sandinista en 1979, y que pertenecieron al ex funcionario somocista Cornelio Hüeck Salomon, fusilado por los guerrilleros en 1979

Fea alusión a gente de color

El resto de la finca, según Estrada, fue entregada a desmovilizados del Ejército por los pasados gobiernos y a cooperados, en lotes de varias manzanas, pero gran parte de la propiedad “fue víctima de la voracidad, le cayeron como merienda de negros”, dijo, asegurando que hay más juicios de ese tipo en los juzgados.

“Fijate que nosotros tenemos todavía como 4,000 reclamos, aparte de los casos de los ciudadanos gringos que nos quedan apenas 279, pero hay un montón de gente que tiene compromisos, que el Estado adquiere mediante procedimientos de ley. ¿De dónde va sacar los recursos del Estado? De lo que estamos haciendo: de permutas, de recuperaciones de propiedades por los cauces legales”, dijo.

Parte de las preocupaciones mostradas por empresarios del turismo en la zona, es que en este caso no se respetó al tercer adquiriente, a quien se le reconoce la legalidad de la propiedad por haber adquirido de buena fe el bien inmueble.

Sobre ese temor, el procurador Estrada aseguró que respetarían a los “verdaderos adquirientes de buena fe”, pero dijo que no considerarían como “compradores inocentes” a quienes sabiendo el precio real de las tierras, reporten precios irrisorios en las escrituras de compra-venta.

“Adquiriente de buena fe es quien compró la propiedad con conocimiento de la situación legal, el que tuvo la previsión de revisar los documentos y verificar la situación legal y los antecedentes de la propiedad, el valor real”, expresó.


Prudente ante militares y “lavado de tierras”
“Pero si alguien hace cinco años vino, alguien que dijo que invirtió de buena fe, pero pone en los documentos que adquirió propiedades a 50 mil córdobas en esa zona y luego las donó, y el donante las vende en 20 mil córdobas, esos no son adquirientes de buena fe; eso se llama de otra manera”, advirtió Estrada.

“Si es alguien que lavó, que se adueñó, transfirió y vendió para lavar, eso no es adquiriente de buena fe, eso es lavado”, acusó, advirtiendo si, que no se refería a este caso en concreto.

Sobre “el acto doloso” que dice la sentencia que cometieron militares en 1999 para inscribir la propiedad a favor del Ejército, “siendo propiedad del Estado”, Estrada dijo que no se referiría de esa manera al acto en que un alto jefe militar inscribió la propiedad supuestamente a sabiendas que era estatal.

“Todo acto de transferencias anómalas, irregulares, al margen de las instituciones del Estado, quien lo haya hecho, lo que estamos haciendo es revirtiendo por la vía legal las afectaciones al patrimonio nacional”, precisó.

END se comunicó con representantes de la sociedad suiza propietaria del hotel afectado con la sentencia judicial, pero asistentes administrativos aseguraron que los socios ofrecerían una conferencia de prensa la próxima semana, porque se encuentran fuera del país.




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