La Coordinadora Nacional de Transporte rechazó la propuesta de reforma a la Ley 524 (Ley General de Transporte Terrestre), que fue presentada a la Asamblea Nacional por diputados de la Bancada Democrática, y que podría ser discutida en los próximos días, bajo el argumento que la misma puede “trastocar el eje fundamental de la legislación actual”.

Vidal Almendárez, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte, anunció que los transportistas presentarán ante al presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, diputado Eliseo Núñez, sus consideraciones sobre el proyecto de ley de reforma. Almendárez confirmó que en un primer encuentro con el diputado Núñez, los transportistas dejaron planteado que no es el momento indicado para hacer reformas a la Ley 524.

Consideraron que antes de que se reforme, lo que se debe hacer es crear el Instituto del Transporte, para “que logre armonizar las políticas de transporte en todo el país”. “Lo que necesitamos es voluntad, y eso se logra teniendo un organismo que aplique una política coherente”, señaló Almendárez.

El proyecto de reforma a la Ley 524 persigue dar mayores facilidades de apertura de nuevas rutas de transporte a las zonas rurales, donde hasta la fecha no ha habido presencia del transporte automotor.

Según el anteproyecto, lo que se busca es tratar de ordenar algunos aspectos vinculados a la discrecionalidad administrativa de las autoridades encargadas de administrar y aplicar la ley.

Temor a más cambios

La Coordinadora Nacional de Transporte considera que el proyecto de reformas tiene un aparente objetivo de mejorar la ley, “pero la preocupación nuestra es que esto sea una punta de lanza para que cuando se discuta, los diputados tengan la posibilidad de meter nuevos cambios que trastoquen el eje fundamental que tiene la actual legislación”.

A criterio de Almendárez, la lógica está en que las municipalidades, que son las que tienen la facultad de regular el transporte, se preocupen por cumplir la ley, la cual señala que las concesiones tienen una duración de 20 años y que se debe firmar contrato de concesión, “pero la mayoría de las alcaldías han dado contratos después de cuatro años de aprobada la legislación”, señaló.