* Comité Técnico de Inversiones es una ficción, decisión es unipersonal, expresa Julio Francisco Báez
* Las indexaciones, la edad de jubilarse, el aumento de las cotizaciones, son una papa caliente
* Pero, 10 años de vida sin cambios y quizá 20 sin verdaderas transformaciones

Parte II
Iván Olivares (Publicado en Confidencial)

El experto fiscal Báez insistió en que “el INSS tiene que ser atendido como una prioridad nacional porque esa plata puede estar en peligro, habida cuenta de las evidentes inconstitucionalidades en el manejo de la inversión”.

El directivo Zepeda, que conoce ese tipo de planteamientos, recordó que “el reglamento aprobado por el Consejo Directivo del INSS permite la coinversión, que tiene tres elementos fundamentales: la garantía, el retorno (siempre que sea positivo), y que las inversiones aprobadas respondan a programas sociales”.

“Basado en eso, creo que se está trabajando conforme a la ley, y el Consejo Directivo realiza las inversiones sobre la base de los estudios económicos. En una dinámica económica tan fluctuante como la que tenemos, ¿quién se iba a imaginar que iba a quebrar la General Motors?”, ilustró.

Zepeda insiste en que “toda inversión tiene un cierto nivel de riesgo, pero nosotros minimizamos esos riesgos, de modo que los trabajadores que aportan al Seguro Social, pueden saber que su dinero está garantizado: ni se está mal invirtiendo, ni se está mal habiendo, ni se está usando como caja chica, ni tampoco hay dirigentes sindicales que reciben dietas, como pasaba antes”, comparó.

Reglamento Ad Hoc

No obstante, el experto Julio Francisco Báez cuestiona la base constitucional del reglamento de inversiones del INSS, empezando porque éste fue emitido por su Presidente Ejecutivo —no por el Presidente de la República, por lo menos, y en el mejor de los casos por la Asamblea Nacional, como lo preceptúan la Ley y el Reglamento del INSS—. Según Báez, esto expresa “un absurdo jurídico y técnico”.

“En su artículo 4, el Reglamento de marras dice que el Comité Técnico de Inversiones está conformado por tres personas: el Presidente Ejecutivo, su subalterno inmediato que es el Vicepresidente del INSS, y otro subalterno suyo que es el Director de Estudios Económicos. Luego él establece en el artículo 24, que para hacer quórum no son necesarios los tres miembros, pues bastan sólo dos, y en caso de empate ¡el Presidente Ejecutivo del INSS tendrá doble voto! ¡Un soberano abuso con las finanzas públicas más delicadas, las de los pensionados y asegurados, todo ello en abierta violación de los artículos 130 y 183 de la Constitución Política, que fijan límites precisos a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus responsabilidades”, concluyó.

La ‘quiebra actuarial’

Además de observar cómo se usan los dineros del INSS, la sociedad nicaragüense debe también afrontar una discusión en torno a qué reformas emprender para extender el período de vida del Instituto, el que, según la Comisión de Alto Nivel que estudió el caso en 2006, puede tener una viabilidad financiera de “aproximadamente 20 años”.

Para ello habría que seguir diversas opciones, una de las cuales es emprender ciertas reformas paramétricas, pues “mientras el sistema actual genera el primer año de déficit en 2020, la reforma recomendada posterga dicho déficit hasta el 2040”.

Una fuente que ha podido ver el informe que Nicaragua entregó al FMI, dijo a Confidencial que “puedo resumírtelo así: hay que hacer varios cambios, si queremos que el INSS sobreviva 20 años más, porque le quedarían sólo 10 años si no se hace nada”.

Los cambios a que se refieren las fuentes están referidos a parámetros tales como la edad para jubilarse; el porcentaje a cotizar (tanto por parte del empleado, como del empleador y el del Estado); los beneficios que se otorgan a los cotizantes, y, finalmente, el porcentaje a reconocer en las pensiones a los jubilados.

La “doble indexación”

La primera parte del proceso —que debería hacerse antes que concluya el año— comienza con la petición del FMI de revisar lo que se denomina ‘doble indexación’, o sea, por un lado, el aumento anual de las pensiones en 5%, (conforme al deslizamiento anual de la moneda), y por el otro, el incremento de las pensiones de conformidad con los aumentos al salario mínimo.

Zepeda asegura que “lo que el FMI quiere es inadmisible para nosotros: afectar las pensiones de los jubilados. El gobierno no puede renunciar a la indexación del 5%, que es una conquista de los jubilados, y no puede venir el Fondo Monetario a decir que se quite esa conquista”.

En la misma dirección, el economista José Luis Medal señaló que “la indexación que comenzó aplicar el INSS el año pasado… es insuficiente, ya que es menor a la tasa de inflación anual. De hecho, miles de pensionados han visto disminuir sus pensiones en términos reales, ya que el ajuste nominal fue menor que la inflación. Lo usual en muchos países es indexar la pensión de acuerdo con el costo de la vida”, argumentó.

Medal también dijo que “el INSS afecta negativamente a los asegurados al calcular las pensiones, ya que no indexa las contribuciones al calcular el monto de las pensiones”, lo que es “una virtual estafa para los asegurados. Aportan hoy, con córdobas de un determinado poder adquisitivo, y van a recibir una pensión con córdobas de un menor poder adquisitivo”, detalló.

¿A qué edad jubilarse?

El otro gran tema a discutir, probablemente a lo largo de los próximos dos años, para dejar a la siguiente Administración la obligación de aplicarlas, es el de las reformas paramétricas que son cada vez más urgentes, si se considera que “el INSS es una institución que está técnicamente en quiebra: tiene un déficit actuarial de C$77,000 millones, según algunos, y de C$45,000 millones, según otros”, relató Callejas.

Zepeda es escéptico sobre este punto.

La quiebra actuarial “es un planteamiento del FMI, pero con las recaudaciones, y las nuevas inscripciones de trabajadores al Seguro Social, no hay tal problema actuarial. Incluso, algunos análisis muestran que [el aumento de las recaudaciones y de las inscripciones] permite resolver el problema sin ningún trauma”, aseguró.

El economista Medal argumenta que la reforma al sistema de pensiones debe ser paralela a una reforma integral del sistema de retribución pública.

Señala, además, que “no puede discutirse una eventual reforma —como aumentar a 65 años la edad de retiro, por ejemplo— de la seguridad social, si el gobierno no publica antes diversos estudios —no sólo los actuariales, sino otros como el relativo a la esperanza de vida de los asegurados, que en Nicaragua, no es como la de los Estados Unidos, por lo que no debe pretenderse hacer lo que se hizo en ese país, donde se incrementó la edad de retiro”.

Coincidiendo con el economista, el diputado Tinoco recordó que el MRS planteó “ver cómo hacemos para que la seguridad social sea solidaria, lo que significa que deberíamos mantener o bajar la edad para jubilarse, y que en vez de bajar las pensiones, deberíamos mantenerlas o subirlas”.

El compromiso del gobierno con el FMI

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El acápite 29 de la Agenda Complementaria de la Carta de Intención firmada con el FMI en 2007, referida al fortalecimiento del sistema de pensiones, indica que “se ha creado una comisión interinstitucional que analizará las alternativas de fortalecimiento del sistema de pensiones”.

Se elaborará un plan de fortalecimiento del sistema de pensiones, que será consensuado con los empleados y empleadores. Como primer paso, y dada la incertidumbre sobre la magnitud de la deuda, el gobierno finalizará antes de junio de 2008 un estudio actuarial del sistema vigente (indicador de referencia estructural).

Una vez finalizado el estudio, la comisión interinstitucional propondrá antes de fin de 2008 alternativas para mejorar la posición financiera del sistema y restablecer el balance entre contribuciones y beneficios.

Entre otras acciones a evaluar se encuentran el incremento de la cobertura, la recuperación de deudas y la diversificación de las inversiones para mejorar su rendimiento, a la vez que se fortalezca la gestión del riesgo.

Por último, tomando en cuenta la legislación existente y para evitar presiones adicionales sobre la posición financiera y actuarial del INSS y las finanzas del sector público consolidado, el gobierno no realizará cambios en los aportes o beneficios mientras no se identifique su financiamiento.

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