* Secretaria General adjunta que visitó Nicaragua califica de “cruel y cínico” el resultado de una acción politiquera contra las mujeres de nuestro país
* Se reunió aquí con organismos defensores de derechos humanos, pero los oficiales y el propio Ortega se le escondieron
* “Tuvieron más valor las niñas víctimas de incesto que se me acercaron”, dijo la señora Kate Gilmore

Mauricio Miranda

Kate Gilmore

“Sólo hay una manera de describir lo que hemos visto en Nicaragua: un gran horror”. Así expresó su consternación Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional (AI), al relatar la experiencia que tuvo en nuestro país, cuando le tocó revisar el impacto que ha tenido en la población de mujeres y jovencitas, que no han podido optar a un aborto terapéutico --aún cuando fueron violadas o víctimas de incesto--, desde que éste fue penalizado en 2006 por motivaciones políticas.

“La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley, al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas embarazadas y mujeres”, aseveró Gilmore en una rueda de prensa en México, donde habló de esta realidad nicaragüense.

Condenó al sistema judicial de Nicaragua y criticó que esta situación, que les está costando la vida a mujeres y adolescentes cuyos derechos humanos han sufrido un fuerte revés, sea producto de los “cínicos” tratos políticos que los partidos buscaron en el contexto de las elecciones presidenciales de 2006, en las que al final resultó ganador Daniel Ortega Saavedra.

Artefacto cruel y cínico

“El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico resultado de los tratos políticos durante las elecciones en 2006. Hoy, sin embargo, se castiga a las mujeres y las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a los médicos por proporcionar los mismos”, denunció.

En un comunicado de prensa divulgado este lunes, el movimiento explicó que en Nicaragua se reunió con organizaciones defensoras de los derechos humanos, con profesionales médicos, con miembros de la Asamblea Nacional y con el ministro de Salud.

Pero en dicho comunicado resaltan, “que a pesar de las reiteradas peticiones”, ni la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, ni el Instituto de la Mujer del gobierno, ni el presidente Daniel Ortega, aceptaron reunirse con ellos “para discutir el impacto de la ley sobre las niñas, las mujeres y las víctimas de violación e incesto”.

Ortega no tuvo coraje

“Niñas embarazadas como resultado de incesto tuvieron el coraje de reunirse con nosotros para hablar en contra de la situación, pero el presidente Ortega no lo hizo”, expuso Gilmore en México.

Para ella, quedó en evidencia, durante su visita en Nicaragua, que “las autoridades nicaragüenses no podían defender la ley, no podían tomar la responsabilidad de la ley, ni comprometerse a su urgente derogación”.

Casos específicos

Amnistía Internacional, en su comunicado, cita el caso de un médico “que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico” (una enfermedad que implica que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, “a pesar de los efectos devastadores fisiológicos y psicológicos”.

“¿Qué alternativas le ofrece el gobierno a una niña de diez años embarazada como consecuencia de una violación? ¿Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega el tratamiento para salvar su vida, sólo porque está embarazada, mientras que ella tiene otros hijos esperando en casa?”, denunció la Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional.

El movimiento reveló que tuvieron reuniones con jóvenes que fueron víctimas de violencia sexual a manos de familiares cercanos y amigos, y así, dieron cuenta de otro drama. Fueron obligadas a llevar a términos sus embarazos, dando a luz --en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas--, porque se les niega el acceso a alternativas.

“Es profundamente preocupante que se registró un aumento en el suicidio por consumo de veneno entre adolescentes embarazadas en 2008”, señala AI en su comunicado.

Y añade: “Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que en virtud de este Código Penal, legalmente ya no puede proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida de mujeres embarazadas y niñas debido al potencial riesgo para el feto”.

Amnistía Internacional fue categórica al hacer un llamado al gobierno de Nicaragua de garantizar servicios de interrupción de embarazo seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud sexual están en riesgo si continúan con el embarazo.

De igual forma, pide proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.

“Amnistía Internacional pide, asimismo, a la Corte Suprema de Nicaragua, adoptar una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley como cuestión de máxima urgencia”, concluye AI en su comunicado.