Bebió, pero no para que la violaran
“Pido justicia, si hubiese sido con mi gusto, me hubiese gustado u hubiera buscado un cartón para que no me chimaran. o hecho de que hubiera andado ebria no quiere decir que puedan abusar de mí, ellos eran mis amigos, no puedo creer lo que ocurrió”, dijo ante el juez una estudiante que supuestamente fue violada por dos de sus compañeros de clase, de apellidos Sevilla y López, de 24 años, quienes siguen en prisión a la espera del juicio por violación agravada, mismo que está programado para el 29 de septiembre de este año. La joven fue violada en el campo de béisbol que está contiguo al Colegio Maestro Gabriel. Durante la audiencia inicial del proceso, los dos acusados por medio de su defensa cuestionaron el dictamen médico legal por considerarlo contradictorio porque decía que se observaban huellas de penetración en los labios menores de la vagina, pero sin evidencias de actos lúbricos de reciente data. Además alegaron que la supuesta víctima anduvo con sus victimarios todo el tiempo y aparentemente sólo le decían: “callate”, por lo que se presume parte de consentimiento, pero el juez Quinto Penal de Audiencias de la capital desechó tales argumentos y elevó la causa a juicio, para que ahí se ventile si hubo o no delito por privación de la conciencia por sustancias “espirituosas”.

A juicio por robo con violencia
Un joven que alega ser menor de edad, de iniciales L.A.P.L., fue remitido a juicio junto a otro jovencito por la presunta autoría de robo con violencia en perjuicio de Josefa Salablanca Elizondo, a quien despojaron de su bolso con 3,000 córdobas, medicinas y otras pertenencias cuando aparcó su vehículo en uno de los tantos estacionamientos de la capital. La juez suplente Quinto Penal de Audiencias, decidió reconfirmarles a los acusados las medidas alternas a la prisión preventiva de las que gozaban hace diez días, porque las han estando cumpliendo y además se recuperó lo robado.

Cierran juicio por falsificación en la Comuna
A la espera de sentencia absolutoria se encuentran dos empleados de la Comuna y una vendedora, porque el juez Séptimo Penal de Juicios de Managua clausuró el juicio que la Fiscalía promovió contra ellos por falsificación de documentos en perjuicio del Estado y el Registro Público del Estado Civil de las personas, dado que la Comuna decidió abandonar la acción “por orientaciones superiores”.

Inmediatamente después de que el juez Octavio Rothschuh clausuró el juicio, revocó todas las medidas cautelares que había dictado contra Luis Alberto López López, verificador del Registro; Dalila Alejandra Huembes, empleada de la comuna, y Jeaneth Medrano, de 36 años, quien vende comida frente a la sede de la comuna capitalina.

En el expediente judicial del caso rola el escrito que la representante legal de la víctima, es decir de la Alcaldía, presentó un escrito renunciando a la acción penal contra López López y el acta de la reunión donde las autoridades superiores de la comuna decidieron perdonarle.

El juez clausuró el juicio porque además los empleados de la comuna que fueron citados como testigos de cargo ni siquiera se dignaron a recibir las citas, otros ya no trabajaban ahí, en tanto que el resto no pudieron ser ubicados en los sitios donde supuestamente vivían.

Los hechos que la Fiscalía no pudo probar en juicio ocurrieron el 23 de enero del 2008, cuando supuestamente los acusados concertaron “conseguir” dos folios de los libros de matrimonios de 1995 y divorcios de 2006, para luego sustraer algunas páginas, las que luego fueron alteradas suplantando los nombres de las personas que en realidad se habían casado y divorciado.

Luego las páginas alteradas volvieron a sus respectivos libros y “legalizadas” mediante las respectivas “verificaciones”, pero de todos modos la operación quedó al descubierto en la oficina de actualización de datos.

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