Aunque la discusión de la propuesta de Reforma Tributaria dejó hasta ahora al margen a las organizaciones civiles representantes de la sociedad nicaragüense, la Red Nacional de Defensa del Consumidor tiene preparada una contrapropuesta para presentarla al gobierno.

Dicha contrapropuesta tiene como pilar fundamental el estudio de los ingresos de los asalariados, ya que de éstos depende la generación de utilidades a través de las transacciones comerciales.

Según Jorge Eduardo Rooseess, Coordinador de Juventud de la Red de Defensa, es necesario e imprescindible que el gobierno enfoque la propuesta en la equidad de tributación de los asalariados, es decir que el pago de los impuestos sea directamente proporcional a los ingresos de las personas.

IR de los asalariados

Otro de los puntos que señala como primordial es establecer el techo del pago del Impuesto sobre la Renta, IR, en 100 mil córdobas y no en 75 mil.

“Subir el techo a 100 mil, significa tocar a personas que ganan ocho mil 300 córdobas al mes, que en realidad es lo más cercano que estamos los nicaragüenses de la canasta básica, mientras que un techo de 75 mil abarca a los que ganan seis mil 250 córdobas al mes, que es un porcentaje más alto de la población”, destacó.

La contrapropuesta de la Red indica que la tabla progresiva debe experimentar una variación con el objetivo de asegurar el principio de equidad.

“Se deben correr todos los niveles porque a pesar de que es una tabla progresiva, no podemos olvidar que la capacidad contributiva real de los nicaragüenses es regresiva por la inflación, ya que cada vez la capacidad adquisitiva del asalariado es menor y está propenso a contribuir menos”, añadió.

Además dijo que las retenciones del Impuesto sobre la Renta deben ser en base al salario neto y no del salario bruto, porque se estaría cayendo en una especie de doble tributación, ya que primero se cobraría en concepto de IR y luego se debe pagar el INSS.

IR de las empresas

Rooseess expresó que la propuesta del gobierno debe ir más allá de reducir el cinco por ciento en concepto del pago del IR a las empresas y que una opción bastante viable podría ser una tabla progresiva diferenciada.

“Debería hacerse una tabla progresiva para el IR, como establece la ley del Impuesto sobre la Renta de Costa Rica, que impone el treinta por ciento de IR a personas jurídicas y según los ingresos de las pequeñas empresas, éstas pagan el diez por ciento en algunos casos y el veinte por ciento cuando tienen mayores ingresos sin ser todavía considerados grandes, de modo tal que sería muy conveniente combinar el sistema de nuestro país con esta parte de la ley de IR tico”, señaló.

El representante de la Red sostiene que no se puede hablar de reforma integral, de concertación o diálogo amplio si no están presentes los consumidores y receptores de las políticas públicas, quienes también sufragan los gastos públicos.

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