Para instalar torres de transmisión de energía

Denuncian demanda de expropiación forzosa

* Dueños de propiedades afectadas dicen que los quieren indemnizar con 1,400 córdobas

Carlos Alfredo Sánchez Pasquier, Fernando Miranda y Jairo Alemán Acuña. MERCEDES VANEGAS/END

Ricardo Petronio Morales Bermúdez, apoderado general judicial de la Empresa Propietaria de la Red, Sociedad Anónima, entabló demanda en el Juzgado Civil de Distrito de la ciudad de Masaya con acción de expropiación forzosa a fin de obtener los derechos pertinentes, y constituir servidumbre de trasmisión de energía eléctrica real y de derecho público a favor de su representada en contra de varios dueños de propiedad ubicada en el departamento de Masaya.

Entre los demandados están Carlos Alfredo Sánchez Pasquier y Fernando Miranda, quienes tienen propiedades en Campuzano y en la carretera Masaya-Managua a la altura del kilómetro 18.7, frente a Mi Viejo Ranchito, respectivamente.

Según los afectados, esta empresa privada los visitó haciéndose pasar como representantes del Estado, y con amenazas pretendían imponer las torres y servidumbre de líneas eléctricas, argumentando que si no accedían a sus intereses particulares los expropiarían, violentando sus derechos de propiedad y más aún sus derechos constitucionales.

Por otro lado, esta empresa suscribió contrato de licencia de transmisión con la Intendencia de Energía, compareciendo en este acto el ingeniero Leonel de Jesús Aguirre Sevilla en su carácter de Intendente de Energía y representante legal de la Intendencia de Energía, creada dicha institución por la Ley No. 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos, y el ingeniero José Enrique Martínez Albero en su carácter de Gerente General y apoderado generalísimo de la Empresa Propietaria de la Red, Sociedad Anónima, sucursal Nicaragua.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia donde se declaran inconstitucionales, entre otras, las leyes por las cuales se le otorgó la licencia de transmisión eléctrica a Empresa Propietaria de la Red, Sociedad Anónima, como la Ley 511. “Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos”. “La certificación de sentencia ya publicada en La Gaceta, conlleva a que la licencia en referencia es inexistente y nula”, dijo el asesor legal de los afectados, licenciado Jairo Alemán Acuña.

Sin embargo, a pesar de conocer su ilegalidad, la empresa continúa coaccionando y amenazando a los afectados, pretendiendo indemnizarlos con sumas ridículas de hasta 1, 400 córdobas.

Además de ellos, hay otras personas afectadas, de quienes aprovechando el desconocimiento sobre la materia y por medio de amenazas, coacciones e intimidación, al amenazarlos con expropiarlos, tuvieron que ceder, obligándolos a firmar contratos, de los que según el Asesor Legal de los Afectados, dichos contratos son susceptibles de nulidad.

Señaló que estos empresarios bajo estas mismas acciones han firmado contratos del derecho de servidumbre pagando sumas representativas, pero que estos contratos podrían ser anulados amparados en la sentencia que dictó la CSJ.

Este proyecto denominado sistema de interconexión eléctrica para Centroamérica, Siepac, va desde El Guasaule hasta la frontera con Costa Rica, siendo afectados más de un mil dueños de propiedades.

Los juicios de expropiación se están ventilando en el Juzgado Civil de Distrito de Masaya a cargo del doctor Danilo Salomón Jiménez Cajina, a quien ya se le interpuso queja en su contra por incumplimiento a la normal procedimental y violación de las garantías constitucionales de los nicaragüenses y según el abogado de las dos personas afectadas, el juez ha pasado por encima de la sentencia emitida por la CSJ, al dictar sentencia interlocutoria de incidentes promovidos por los afectados.

EL NUEVO DIARIO trató de obtener la versión del juez Danilo Jiménez y éste para evadir y no dar declaraciones de forma prepotente, envió a esta corresponsal a buscar el expediente, sabiendo muy bien de lo que se le estaba preguntando y solamente dijo que iba a prestar el expediente en mención.

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