Corrupción en tiempos del ALBA

José Adán Silva y Luis Galeano

Una brigada de motorizados se desplaza sobre las calles de Managua con banderas del partido de gobierno. cortesía / END

A “Maritza” le aterra que la identifiquen hablando con el “enemigo”. Le da miedo que la corran. Que la miren de mal modo en el trabajo, que la fichen de traidora, y, en el peor de los casos, hasta que le castiguen con una represalia inimaginable.

Tiene razones para ello. Al conductor del jefe de su sección, en el ministerio donde ella labora desde 2006, lo corrieron el año pasado después de las elecciones municipales de noviembre. Sin sus prestaciones de ley.

Para entonces, la oposición y la sociedad civil protestaban en las calles y acusaban al gobierno orteguista del enorme fraude electoral en los comicios de noviembre; la orden del ministro fue que todos los trabajadores debían salir a las calles a respaldar “la decisión del pueblo”.

Pecado de Idolatría

El conductor se negó a asistir a la rotonda de la Centroamérica a “defender las victorias” del gobierno porque, como cristiano, no apoyaba la idolatría a un hombre (Daniel Ortega), cuyo lema reproducido en las vallas gigantes instaladas en todo el país, era “cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios”.

Ella trabaja en un despacho técnico, tiene en sus funciones la tramitación de asuntos de otra oficina que revisa el cumplimiento y evaluación de metas y ejecución de presupuestos en dos proyectos sociales con productores campesinos.

Desde hace unas semanas, y a lo largo de todo el año, ha ido acumulando tanto trabajo como nunca lo hubiera creído.

La causa de ese incumplimiento laboral por el cual nadie le reclama en su oficina está con ella ahora mismo, en esta ardiente y gris rotonda de Plaza Inter, donde Maritza se confunde con “el pueblo”, se esconde debajo de una gorra roja con el emblema del partido FSLN, y oculta su uniforme de trabajo bajo una camiseta blanca con el lema “El Pueblo no se detiene”.

Tiene 31 años y es madre de dos niñas; sabe que no puede decir “no” a la orden del sindicato oficialista que manda, con la venia del ministro, a todos los trabajadores, todos los días, a las calles, desde la una de la tarde a agitar una bandera rojinegra en apoyo a la reelección que el presidente Daniel Ortega se agenció por medio de una sentencia que dejó espantado al país.

Lo que dejan de hacer

No importa la carga de trabajo acumulado. Ni cómo se afecte a los usuarios que acuden a la instancia pública a resolver problemas. Ni el hecho de que en el contrato de trabajo de ella se establezca una jornada diaria de ocho horas, cumpliendo tales funciones dentro de las instalaciones del ministerio.

Maritza y miles de trabajadores más del Estado deben dejar sus ocupaciones por las cuales reciben un pago mensual, para ir a mover banderas y gritar consignas contra la oposición. Y de ese pago, a algunos, les deducen desde un dos hasta un cinco por ciento para el partido de gobierno.

En las últimas dos semanas en Nicaragua se ha hablado de corrupción. Dos estudios locales presentados recientemente por el Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción, han revelado que las viejas estructuras de la corrupción de los anteriores gobiernos --llamados neoliberales por los que hoy tienen el poder-- no sólo están vigentes y firmes, sino que las mismas se han fusionado con una nueva forma de corrupción bajo la administración del actual gobierno.

Corrupción histórica

En dichos estudios, titulados “Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua” y “Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales”, se caracteriza la corrupción en cada período, desde 1990 hasta llegar a la Administración del presidente Ortega, y su lema de “tolerancia cero”.

Los autores de la investigación precisan que antes de 1990 la modalidad de corrupción se basó en la apropiación y confiscación, bajo criterios políticos, de bienes y empresas a opositores al régimen sandinista, que había llegado al poder en 1979, tras derrotar a la dinastía de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua durante más de 40 años.

En el gobierno de la presidenta Violeta Chamorro (1990-1996), el fenómeno se ejecutó mediante la privatización de los bienes estatales y del pago de indemnizaciones por las confiscaciones realizadas en el primer gobierno sandinista, así como mediante la disposición sin ley de los bienes del Estado.

Las eras de Alemán y Bolaños

En la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), la corrupción se caracterizó por la abierta dilapidación y abuso del erario, ostentación de lujos y repartición de cuotas entre funcionarios públicos y miembros del Partido Liberal.

Era la época de checazos, tarjetazos, sobresueldos, francachelas, viajes de placer, camionetas de lujo, “libres”, donaciones a jerarcas de la Iglesia, y robo abierto del erario con las famosas notas de crédito.

La Administración de su sucesor, el ingeniero Enrique Bolaños (2002-2006), se caracterizó, de acuerdo con los autores del diagnóstico, por el tráfico de influencia a favor de los empresarios y por la exoneración de pagos fiscales a grupos económicos vinculados a funcionarios públicos.

Se habló de coima en la construcción de carreteras, de exoneración de impuestos a grupos económicos, de sobornos a diputados y a funcionarios judiciales para obtener beneficios y votos en la Asamblea Nacional, de favoritismo a la hora de elegir servidores públicos y de nepotismo.

Las nuevas formas con Ortega

La actual Administración del presidente Ortega (2007-2011), de acuerdo con el estudio, se caracteriza por la falta de aplicación de instrumentos de transparencia en los proyectos públicos.

Además, se señala el favoritismo para empresas y negocios ligadas a funcionarios miembros del partido; dominio del Poder Judicial y de entes de fiscalización para obviar las denuncias de corrupción, y manejo discrecional de la cooperación petrolera financiada por el presidente venezolano Hugo Chávez.

Precisamente, sobre estos tópicos o modalidades de nueva corrupción, se enfocan el organismo Transparencia Internacional y su capítulo nacional Grupo Cívico Ética y Transparencia, para argumentar la ubicación de Nicaragua en el puesto 130 de la lista de 180 países medidos en su Índice de Percepción de la Corrupción 2009.

De acuerdo con el informe de Ética y Transparencia, la percepción de corrupción en el actual gobierno es la suma de las viejas estructuras y las nuevas formas de malas prácticas en la administración pública.

No toda la corrupción implica, de acuerdo con el criterio de selección del organismo, la simple y llana extracción de los recursos líquidos. Hay otras formas, y es aquí donde el actual gobierno destaca en comparación con los otros.

“Al no percibirse elementos mayores de cambios sistémicos en la nueva administración pública a partir de 2007, y el hecho de que no se evidencia en el último año la presencia de mejoras tangibles y sostenibles en la independencia de poderes, el desempeño de la justicia, la institucionalidad y la transparencia en el financiamiento electoral, por sólo expresar algunas deficiencias señaladas como claves en el desempeño público, hacen percibir un mayor deterioro en términos de lucha anticorrupción”, dice el informe del grupo cívico.

Licitación cero y la inercia de la CGR

“Lo antes señalado se torna crítico cuando se observan signos de retroceso en el manejo transparente de los recursos públicos en las siguientes áreas: manejo presupuestario; fiscalización institucional de entidades públicas; denuncias sobre el uso de fondos públicos para gastos de movilizaciones partidarias; excesos de exclusión de procedimientos y de requisitos en contrataciones del Estado sin licitaciones, como los casi 400 millones de dólares autorizados a contratar (directamente) por la Contraloría al gobierno entre 2007 y 2008”.

Además, señalan una “disminución de beligerancia de parte de los órganos de control e inercia investigativa de parte de la CGR sobre diversos casos de corrupción señalados en los medios, incluyendo el uso de bienes del Estado en campañas políticas, negación de documentos de probidad, fraudes electorales, protección a agresores contratados en las instituciones públicas, como fuerzas de choque, entre otras.

Los casos más emblemáticos de Gran Corrupción, anexados al informe por Ética y Transparencia, son los vinculados al Seguro Social y al manejo de la cooperación venezolana.

El mejor de ejemplo de ellos es la investigación de EL NUEVO DIARIO conocida como Tecnosa, en la que el INSS prestó de manera irregular 1 millón 200 mil dólares para la construcción de viviendas sociales a la firma Tecnologías y Sistemas S.A., vinculada al tesorero del FSLN y funcionario público, Francisco López Centeno.

Además, citan la compra de Laboratorios Ramos en 3.1 millones de dólares al margen de la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado, y las pretensiones de uso exclusivo del Hotel Seminole, vinculado comercialmente a la familia presidencial, para la realización de eventos del Estado.

Además, por denuncias e investigaciones de EL NUEVO DIARIO y otros medios, se conoce de los múltiples negocios con donaciones y acuerdos del Estado que son canalizados a través de Albanisa, y que terminan siendo comercializados por ALBA-Caruna, la caja financiera del partido FSLN.

Por medio del grupo ALBA se compran hoteles y fincas ganaderas, para adquirir y exportar carnes y alimentos a Venezuela. Se reciben buses de Rusia que luego se venden a cooperativas orteguistas, se adquieren plantas eléctricas que luego son operadas por ALBA-Generación, y se usa maquinaria donada para entes estatales, en el negocio privado de ALBA-Equipos, caso específico del IDR, descubierto por este medio.

El Estado-Partido

El informe, además, señala que hay otros tipos de corrupción, donde se utiliza la autoridad para desviar a los servidores públicos de sus funciones laborales de atención a la ciudadanía, en una confusión Estado-Partido, que, además, perjudica al sistema de atención pública.

De acuerdo con Ética y Transparencia, la modalidad de corrupción y malas prácticas en la actual administración es la siguiente: mandan a los trabajadores a las calles a apoyar al partido de gobierno.

Invierten recursos públicos para proveer de banderas, camisas, gorras, alimentos, armas y transporte a los trabajadores públicos que son enviados desde las instituciones públicas, con vehículos estatales a “respaldar al pueblo” en las rotondas.

“Es otra manifestación de corrupción, porque se utilizan recursos del Estado para enarbolar banderas partidarias, eso es otra manera de dilapidar los fondos públicos”, afirmó el director Ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.

“Aparte de la violación de los derechos humanos, sólo pensá lo que deja de producir a diario el país al obligar a los empleados públicos a salir de sus oficinas para ir a las rotondas, sin incluir los costos de transporte, las camisas, la alimentación”, añadió.

Programas sociales prebendarios y clientelistas
En los procesos de selección de beneficiarios de servicios y programas sociales, como Usura Cero y Hambre Cero, se prioriza a los miembros del partido, de acuerdo con estudios del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

Las oficinas de servicios públicos se trasladan desde la una del mediodía a las rotondas. La labor de atención al usuario, de resolver sus demandas y de apoyarlo en sus gestiones, se cambia por las banderas del partido agitadas en las calles.

Otras de las formas de corrupción, denunciadas por EL NUEVO DIARIO y por otros medios, se refieren a extravagancias y caprichos políticos para celebrar al partido, como el montaje de los 13 árboles navideños en las rotondas para celebrar el 30 aniversario del triunfo guerrillero de 1979.

De acuerdo con investigaciones de EL NUEVO DIARIO, el consumo de energía registrado de esos árboles, en menos de cinco meses, ascendía a más de un millón 155 mil 979 córdobas, equivalente al consumo de dos meses y medio de 2 mil 350 clientes en el barrio Bello Amanecer, en el municipio de Ciudad Sandino, según datos de la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa.

Además de ello, se destaca la inversión en gigantescos rótulos que exaltan la imagen de Daniel Ortega; el entarimado y adorno con cientos de ramos de flores importadas para gusto de la primera dama Rosario Murillo, el consumo de agua francesa Perrier, que ingieren los ocupantes de las tarimas, hasta el uso de aparatos portátiles de aire acondicionado y plantas eléctricas para ambientar las comparecencias públicas del presidente de Nicaragua, donde según las cifras de las Naciones Unidas, el 48 por ciento de la población vive con menos de dos dólares al día.

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