* Presidente del Cosep dio algunos adelantos que formalizó ayer con Ministro de Hacienda
* Lo principal es el Impuesto de Pago Mínimo que al parecer quedó en 1%, y reducción al 1.5 % en el sector agropecuario
* Casi cuatro horas alternaron los más grandes empresarios del país con Ortega, Morales Carazo y gabinete económico

Edgard Barberena S. y Gustavo Álvarez

El presidente Daniel Ortega junto a su equipo económico y el sector empresarial llegaron a un consenso para la reforma a la Ley de Equidad Fiscal, después de la realización de una reunión de trabajo que duró más de tres horas la noche del martes.

Los asistentes

La reunión tuvo lugar en las oficinas del presidente Daniel Ortega, donde también estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, José Adán Aguerri, presidente del Cosep; Carlos Pellas, Alberto Chamorro, Jaime Rosales y Juan Bautista Sacasa.

También estuvieron Ramiro Ortiz, Luis Rivas y el ingeniero Alfredo Marín, Vicepresidente del Cosep y presidente de la Cámara de Industrias.

Por el gobierno también estuvieron presentes doña Rosario Murillo; el asesor económico Bayardo Arce; Silvio Conrado; René Núñez, Presidente de la Asamblea Nacional; el general en retiro Álvaro Baltodano; los diputados Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez; el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, y el experto fiscal, Ovidio Reyes.

Pago mínimo en 1%

Uno de los puntos consensuados es que el denominado Impuesto de Pago Mínimo (IPM), al parecer queda en uno por ciento, en vez del 2, 2.5 y hasta el 3 por ciento que se había propuesto originalmente, reveló José Adán Aguerri, Presidente del Cosep.

Aguerri también señaló que la tasa de impuesto que se pretendía aplicar al sector agropecuario quedará en 1.5 por ciento y no se aumentará el impuesto para los pequeños comerciantes del régimen de cuota fija.

Añadió que también se acordó mantener el crédito tributario para el sector exportador, correspondiente al 1.5 por ciento del valor fob, el cual se pretendía eliminar, y el que puede ser utilizado por los empresarios para pagar obligaciones tributarias en el IR.

El presidente del Cosep también señaló que en el acuerdo se eliminan las discrecionalidades de los funcionarios del Estado, ya que se pretendían aumentar las facultades que tiene la Dirección General de Ingresos, DGI, y la Dirección General de Aduanas, DGA, que ya están establecidas en el Código Tributario.

Otro aspecto positivo mencionado por Aguerri es que una gran cantidad de articulados que pretendían incluirse en un reglamento aún no existente, también desaparecen.

A marcha forzada

Señaló, además, que pretenden que el proyecto de reforma esté listo este viernes, y que el próximo lunes sería introducido a la Asamblea Nacional para su posterior discusión y aprobación.

Aguerri dijo que se mantienen las tasas impositivas a los dividendos de los empresarios, los casinos y los intereses de los depósitos, entre otras cosas.

El presidente del Cosep manifestó que lo acordado está conforme a los compromisos que el gobierno adquirió con el Fondo Monetario Internacional, y que el proyecto de Concertación Tributaria quedará para una segunda fase, que tendrá que consensuarse en 2010.

Dijo, además, que se mantiene la posición de que la reforma logre un incremento en las recaudaciones del 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.

Reunión de varias horas

El vicepresidente Jaime Morales Carazo dijo que la reunión se inició a las seis y media de la tarde y terminó pasadas las nueve y media de la noche.

“Hubo pleno consenso en la prioridad de conservar y hacer todo lo posible para mantener la salud macroeconómica del país, sin poner en riesgo el programa con el FMI, al igual que la conveniencia de que el Presupuesto Nacional para 2010 fuese aprobado en los próximos días, antes de que la Asamblea Nacional entre a receso a partir del 15 de diciembre”, dijo Carazo.

“Un retraso en la aprobación del Presupuesto afectaría sensiblemente los desembolsos ya probados por el FMI, y vendría a ocasionar graves distorsiones financieras, ya que en los primeros días de febrero de 2010 tiene el gobierno que efectuar pagos por Bonos de Deuda Pública (BPI) del orden de los 100 millones de dólares”, agregó el vicemandatario.

Las dos partes quedaron de acuerdo conque el gobierno honrará los compromisos sin ninguna alteración y cumplir con esas obligaciones del Estado.

En caso de que no se produjeren los desembolsos del exterior ya convenidos, el país tendría que hacer uso de parte de las reservas internacionales, alterándose los flujos convenidos en el programa con el FMI, dijo el funcionario.

Morales Carazo confirmó que varios puntos están siendo objeto de nuevos cálculos y consultas, pero con el acuerdo común de que la prioridad debe prevalecer “en mantenernos dentro del programa con el FMI.