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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Lunes 01 de Febrero de 2010 - Edición 10585
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El orden constitucional como fundamento legitimador del mandato


Desde la óptica de la doctrina constitucional moderna, cabe mencionar que el mandato se origina de la naturaleza del pacto social por medio del cual el mandante viene siendo el pueblo mismo, quien es el dueño del negocio o gestión que en virtud del mandato le confiere al mandatario para su ejecución en nombre y provecho del mandante.

Remitámonos en primer lugar al enfoque conceptual de la figura del mandato, el cual es definido por Cabanellas como: “Un contrato consensual por el cual una de las partes, llamada mandante, confía su representación, el desempeño de un servicio o la gestión de un negocio, a otra persona, el mandatario, que acepta el encargo”. De acuerdo con esta definición, el mandato opera entonces como el encargo de un negocio o gestión que el mandante le confía al mandatario para que éste lo realice en su nombre, lo que no implica en modo alguno que los beneficios o derechos inherentes a dicho negocio, encargo o gestión le sean cedidos al mandatario, por ser éstos exclusivamente propios del mandante.

No es casualidad entonces, que la doctrina moderna constitucional recoja este precepto y que nuestras constituciones modernas se nutran del mismo y lo reflejen en sus disposiciones generales, afirmando que la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, además de que el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes electos mediante sufragio universal, libre y directo. De acuerdo con este principio taxativamente establecido en el arto.2 de nuestra Carta Magna , el pueblo puede además ejercer este derecho en forma directa por medio del referéndum o el plebiscito, incluso para revocar o prorrogar el mandato si así lo deseare, aunque la norma constitucional expresamente no lo diga en ese sentido.

Además, tanto el ejercicio del mandato como el de la soberanía, deben ser ejercidos ambos, en el contexto de un orden constitucional, el cual es caracterizado como la forma de gobierno elegida por cada Estado, normativa fundamental que determina los derechos de una Nación y la organización de los poderes públicos de que ésta se compone. De modo pues, que si el mandato constitucional es ejecutado y cumplido por el mandatario, atendiendo las cláusulas y condiciones que al mismo le fueron incoadas por el mandante por medio de la Ley, es decir, atendiendo un orden constitucional previamente establecido, entonces el objeto del mandato se perfecciona, ya que de no ser así, el mandato puede ser revocado y anulados sus efectos por parte del mandante.

Sin embargo, la revocación del mandato debe producirse también en concurrencia con los canales o mecanismos de previo establecidos por el ordenamiento jurídico a fin de no causar una situación de ruptura en el orden constitucional, por cuanto no es posible redargüir un acto ilícito mediante otro de similar naturaleza, como ocurriría en el caso de revocar o rescindir un mandato constitucional presidencial mediante un procedimiento de facto alterno al de la destitución legítima que le corresponde efectuar al Congreso Legislativo, como es el “Golpe de Estado”; por cuanto al no ser el agente ejecutor de la interrupción, el mandante, sino un tercero (llámense militares o rebeldes), carece por lo tanto de legitimidad dicho agente, y por ende, los efectos derivados de esa ruptura nacen nulos ad perpetuam y la legitimidad del mandato original permanece incólume en el mandatario depuesto.

Pero también es importante señalar que por ser el Estado “la sociedad políticamente organizada” y estar conformado estructuralmente por los poderes Legislativo, Judicial, Electoral, y no sólo por el Ejecutivo, es de suponer que cuando el mandatario altera los términos y condiciones del mandato, transgrede el orden constitucional e irrespeta la independencia y competencias orgánicas de los poderes públicos, nos encontramos también en presencia del abuso de autoridad, el cual opera como una modalidad de golpe de Estado.

Dicho sea de paso, si el mandatario por acción u omisión tergiversa, suplanta o desnaturaliza la voluntad del mandante expresada en comicios electorales, esto es un indicador claro de que el mandatario no sólo se ha excedido en sus funciones haciéndose merecedor de la revocación de su mandato por irrespetar la voluntad del mandante, sino que al haber violentado su derecho ejercido a través del sufragio, le ha impedido a éste efectuar –de acuerdo con la Ley- los cambios que por derecho propio desee realizar, lo cual se llama Fraude Electoral y es por consiguiente otra modalidad de golpe de Estado.

Por lo tanto, podemos concluir que para efectos de que el Mandato reúna todas y cada una de las condiciones que configuren su legitimidad, éste debe fundamentarse en el orden constitucional, atendiendo el respeto a los elementos esenciales de la democracia representativa y sus componentes, ya que en caso de inobservancia de los mismos, el mandato conferido al mandatario pierde su validez, puede ser revocado, y en su caso, el mandante representado en la figura del Poder Legislativo, o en forma directa, puede y debe destituir al mandatario declarando su incapacidad de ejercicio del mandato constitucional

*El autor es Abogado y Notario

Máster en Alta Gerencia de la Administración Pública




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