La vulnerabilidad social es resultado de una política fiscal débil
El modelo de desarrollo que caracterizó los últimos 25 años, puso especial atención a la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y a la recuperación del crecimiento económico sin vigilar el logro de mejoras sociales.

Como resultado de este modelo, un grupo importante de centroamericanos se encuentra vulnerable, sin la protección del Estado, a riesgos tales como la enfermedad, la vejez, el desempleo, la ignorancia y la falta de vivienda.

Estos ciudadanos, cuyas vidas transcurren en situación de pobreza o muy cerca de ella, suelen ser los más afectados ante crisis económicas o eventos naturales catastróficos.

En Centroamérica, se estima que el 31% de la población, unos 13.3 millones de ciudadanos, vive en la indigencia, mientras otro 43%, aproximadamente 18.4 millones de habitantes, sale o vuelve a la pobreza siguiendo los momentos de bonanza o de crisis económica. Finalmente, tan solo el 26% de la población centroamericana, 11.1 millones de personas, disfrutan de una vida con algún nivel de bienestar.

La respuesta fiscal ante la crisis económica de 2009 refleja los primeros pasos hacia un cambio en la manera de comprender el papel de la política fiscal.

Con excepción de Honduras, en donde el gasto público de 2009, fue similar al ejecutado en 2008, en el resto de naciones el aumento del gasto público y la puesta en marcha y continuidad de programas sociales dirigidos a grupos vulnerables, lograron en alguna medida atenuar los efectos nocivos de la crisis.

Sin embargo, con cierta excepción en Panamá, la falta de acuerdos sociales no permite avizorar, en el corto plazo, una fiscalidad que más allá de poder paliar las crisis, permita mejorar la gobernabilidad democrática, respondiendo a los desafíos éticos de la vida en sociedad y a la edificación de naciones competitivas.

Para poder avanzar en la senda de un desarrollo económico incluyente y sostenible, sin vulnerabilidades sociales, queda pendiente en la agenda política y económica de la región, con mayor énfasis en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la puesta en marcha de programas públicos que universalicen el acceso a la seguridad social, a la educación secundaria, a la vivienda y al empleo, entre otros.

Para ello, será necesario fortalecer las finanzas públicas, aumentando sustancialmente los ingresos tributarios, principalmente los relacionados con la renta, y haciendo más efectivo y transparente el gasto público.

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