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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Domingo 16 de Mayo de 2010 - Edición 10686
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Decretos, leyes y resoluciones…

Una crisis de nunca acabar

La crisis que corroe los cimientos de las instituciones nicaragüenses amenaza con agudizarse la próxima semana. Los diputados opositores temen que, una vez más, las turbas orteguistas “se tomen” las inmediaciones del Parlamento para evitar que sesionen y aprueben la Ley Derogatoria del Decreto Ejecutivo 3-2010, con el que el presidente Daniel Ortega prorrogó inconstitucionalmente el plazo de al menos 22 funcionarios que cesan o cesarán de sus cargos este año. Aquí una síntesis del origen del conflicto.

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Una crisis de nunca acabar - Foto
Óscar Castillo.

El Presidente Daniel Ortega está empecinado en su reelección y, para lograr este objetivo, no le ha importado pasar por encima de las leyes de la República y la misma Constitución Política.

La última y cuestionada resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la que se deja abierta la posibilidad de encausar penalmente a 10 diputados si continúan tramitando el proyecto de ley que deroga el llamado “decretazo”, es interpretada por los afectados como un acto de desesperación del mandatario, en su afán, porque el actual Consejo Supremo Electoral, CSE, mantenga inalterable su conformación y lo reconozca como candidato presidencial en los comicios nacionales del 2011.

Es un proceso que comprende varias acciones, coincidieron los diputados liberales Óscar Moncada Reyes, José Pallais Arana y Wilfredo Navarro Moreira, el pasado jueves, después de conocer de la resolución de la Sala Constitucional en la que les ordenan desistir de aprobar la Ley Derogatoria del Decreto Ejecutivo 3-2010, del nueve de enero de 2010, con el que el Presidente Ortega prorrogó, de manera inconstitucional, el período de 22 funcionarios que cesan o cesarán en sus cargos en el transcurso del año.

Ese proceso comenzó el 19 de octubre de 2009, cuando la misma Sala Constitucional, --integrada de forma irregular--, aceptó un recurso de amparo del mandatario nicaragüense contra el artículo 147 de la Constitución Política, alegando que lesionaba su derecho a la igualdad ante la ley. El mencionado artículo prohíbe la reelección presidencial continua.

Menos de 24 horas después de emitida la resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, encabezado por Roberto Rivas Reyes, emitió una comunicación aceptando la resolución de la Sala Constitucional. El recurso de amparo era contra el Poder Electoral y el recurrente, el Presidente Ortega, alegó violación de sus derechos en un momento en que ni siquiera se había convocado a elecciones. Diferentes juristas en su momento señalaron que el recurso de amparo estaba fuera de tiempo

Una resolución

El 19 de octubre de 2009, la Sala Constitucional de la CSJ dio lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Eduardo José Mejía Bermúdez, en representación de José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y de 109 alcaldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Ortega y los ediles reclamaban su derecho a la igualdad ante la ley y pidieron la no aplicación de los artículos 147 y 178 de la Constitución Política, pues ambos prohíben la reelección presidencial y de los alcaldes, respectivamente.

De inmediato, juristas, como Cairo Manuel López, ex presidente de la Asamblea Nacional, consideraron que los magistrados de la Sala Constitucional se extralimitaron en sus funciones e incluso, legislaron porque, prácticamente, derogaron ambos artículos de la Constitución, facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Pero para que la resolución tuviera los efectos requeridos, los magistrados del Poder Electoral se pronunciaron inmediatamente y reconocieron la resolución de la Sala Constitucional.

La discusión jurídica devino luego en que si la Asamblea Nacional debía invocar el conflicto entre poderes, conforme con el artículo 51 de la Ley de Amparo; o si la resolución de la Sala Constitucional debía ser definida en última instancia por la Corte Plena. No sucedió ni lo uno, ni lo otro

La facultad legislativa y el dictamen

En un análisis jurídico, los abogados Uri Rojas Videa y Óscar Carrión Orozco, recordaron al mandatario nicaragüense la facultad del Poder Legislativo en el caso de los nombramientos de funcionarios y la división de poderes. El artículo 129 de la Constitución establece que “los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí… subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.

“Observamos dos elementos esenciales: a) la independencia de los Poderes, en el ejercicio de sus atribuciones, y b) la subordinación única a la Constitución Política”, expresan los abogados en su análisis.

Y agregan que “con esta separación de poderes, la Constitución establece los principios de exclusividad de las funciones de cada Poder, así, la función privativa de la Asamblea Nacional, es legislar”.

“El artículo 138 de la Constitución dice que ‘son atribuciones` de la Asamblea Nacional: 1) elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar las existentes; y 2) la interpretación auténtica de la Ley’”.

“Obsérvese que esta facultad es absoluta, pues no está sujeta a condiciones ni modalidades, ni está limitada por otra norma constitucional prohibitiva o preceptiva. Esta facultad de la Asamblea Nacional no le es atribuida por materia. En ningún artículo de la Constitución se va a encontrar una norma que diga que la Asamblea Nacional puede legislar sobre educación, deportes, familia, finanzas, etc. porque su facultad es absoluta, no por materia”, enfatizan Rojas y Carrión en su análisis jurídico.

Además, señalan, “no existe de manera expresa la atribución, por ejemplo, de anular elecciones, como no existe la atribución expresa de aprobar la ley de pesca, porque no es necesario que lo diga así, pues ya lo dijo abarcando todas las materias, absolutamente en el arto. 138, inciso 1. La Asamblea Nacional puede legislar sobre cualquier materia”

Nombramientos

Conforme con el mismo artículo 138, numerales 7, 8 y 9, la Asamblea Nacional, tienen la facultad exclusiva de nombrar a los funcionarios de los diferentes poderes e instituciones del Estado, en este caso, magistrados electorales y judiciales; Contralores Colegiados, Superintendente de Bancos y Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, que son los cargos pendientes actualmente.

Al respecto, el dictamen emitido por la Comisión de Justicia a favor de la Ley que Deroga el Decreto Ejecutivo 3-2010 ratifica esta facultad del Parlamento nicaragüense, y en el artículo 1 del Proyecto de Ley así lo deja establecido.

“Ratifíquese lo dispuesto por el artículo 138 numerales 7, 8 y 9 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que establece que es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional elegir a los funcionarios públicos señalados en dichos numerales. Asimismo ratifíquense las demás disposiciones constitucionales relacionadas con estas exclusivas atribuciones”, se señala en el artículo uno de la Ley Derogatoria del decretazo.

Mientras que en el artículo dos se establece que “de conformidad con el artículo 138 numeral 1), deróguese el Decreto Nº 3-2010, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 6 del 11 de enero de 2010”, quedando sin ningún efecto jurídico”.

“Los funcionarios, a quienes se les haya vencido o se les venza el período constitucional para el cual fueron electos por la Asamblea Nacional, no podrán continuar ejerciendo sus cargos una vez vencido dicho período, so pena de incurrir en responsabilidades penales, civiles y administrativas en su contra”, advierte la ley en su artículo 3

El decretazo, respaldo de la Resolución 504

Para que la Resolución 504 emitida por la Sala Constitucional el 19 de octubre de 2009 tuviera fuerza, los magistrados electorales que la reconocieran debían mantenerse en sus cargos de cara a las elecciones nacionales de 2011. El 14 de febrero de 2010, dos magistrados del CSE vencieron el período para el que fueron electos; el primero de junio se vence el plazo para el resto de funcionarios.

Según el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais Arana, Ortega no puede darse el lujo de llegar a los comicios de 2011 con nuevos árbitros, y ese peligro está latente a partir del próximo primero de junio, siempre y cuando los diputados opositores se pongan de acuerdo en no reelegir a ninguno de los actuales magistrados, en cuyo caso, el nombramiento se podía estancar.

Ante ese peligro, señala, Pallais, el pasado nueve de enero, Ortega emite el decreto 3-2010, en el que, invocando los intereses de la nación, prorroga el período de los actuales magistrados electorales, de la Corte Suprema de Justicia y de los Contralores Colegiados, hasta tanto la Asamblea Nacional no nombre a sus sucesores.

Con eso, expresó en una ocasión el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, Ortega garantiza que los árbitros electorales se mantendrán en el cargo hasta las elecciones de 2011.

La oposición respondió con una iniciativa de Ley Derogatoria del llamado “decretazo” y Ortega trata de impedir el proceso de formación de la ley en el Parlamento. Así, las resoluciones de la Sala Constitucional 99, 100, 101 y 102, van dirigidas precisamente a evitar que se complete ese proceso, pese a que la Ley de Amparo establece taxativamente que no procede ningún tipo de recurso, ni ordinario, ni extraordinario, que impida el proceso de formación de la ley.

Después de varios accidentes políticos y bajo una lluvia de piedras y morteros el 20 de abril, 47 diputados opositores sesionan en el Hotel Holiday Inn y logran pasar a la Comisión de Justicia la iniciativa de Ley que Deroga el Decreto Ejecutivo 3-2010. Dos semanas después --en tiempo récord--, la comisión emite un dictamen y lo presenta a la Primera Secretaría del Parlamento.

La iniciativa fue consultada con varios constitucionalistas, entre ellos, Óscar Castillo, María Asunción Moreno, Gabriel Álvarez y por el ex presidente de la Corte Suprema, Alejandro Serrano Caldera, entre otros. El mismo presidente de la República fue invitado a la consulta, pero no se presentó; en su lugar, envió una carta desautorizando a los miembros de la Comisión de Justicia a quienes les exigió dejar de continuar el proceso de formación de la ley.

El dictamen, por un lado, le recuerda al Presidente Ortega que no tiene ninguna facultad para prorrogar los cargos en las instituciones y Poderes del Estado que son competencia única y exclusivamente del Poder Legislativo. Por su parte, Ortega se amparó en las resoluciones judiciales 99, 100, 101 y 102 de la Sala Constitucional, sin embargo, esto ni impidió la emisión del dictamen

La legalidad y el Estado de Derecho

En un análisis jurídico, el constitucionalista Óscar Castillo señala que el Decreto Ejecutivo 3-2010 no tiene ningún valor jurídico, por cuanto, “el artículo 182 de la Constitución establece que las leyes están subordinadas a ella y que ‘no tendrán valor alguno` las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones’”.

El jurista también señala que “los artículos 129 y 130 de la Constitución establecen el principio de legalidad, el cual implica que los poderes del Estado, instituciones y funcionarios del Estado se deben y se subordinan en sus actuaciones a la Constitución y las leyes del país, y que cualquier actuación en contrario viola el estado de derecho, y quienes violen estos preceptos incurren en abuso de poder”.

El artículo 150, numeral 1, de la Constitución prescribe que “son atribuciones del Presidente de la República, las siguientes: 1) Cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan”.

Del anterior precepto constitucional, señala Castillo, se desprende que el Presidente de la República con el decreto 3-2010 pretende reformar la Constitución Política y está usurpando atribuciones y funciones que constitucionalmente le competen al Poder Legislativo, violentando con ello, el principio de independencia entre los poderes del Estado, y el principio de legalidad en sus actuaciones”.

Además, explica Castillo, el decreto “contraviene la supremacía que tiene la Constitución por encima de toda ley o disposición emanada de cualquier poder, institución o funcionario de Estado”.

Castillo considera también que el decreto ejecutivo “es violatorio de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual Nicaragua es suscriptora”.

En este sentido, explica Castillo, el artículo 2 de dicha carta señala que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

El artículo 3 de la Carta Democrática también establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.




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