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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Lunes 07 de Junio de 2010 - Edición 10708
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La TV, un mapa inconcluso


Cualquier pronóstico sobre la manera en que viene configurándose el mapa televisivo en Nicaragua podría resultar fallido. Lo único que podemos asegurar sin equivocaciones es que el mundo de las comunicaciones, entendido en su dimensión contemporánea, como la integración y convergencia de la comunicación social, las telecomunicaciones y la informática, constituye un filón que concita el apetito debido a su carácter estratégico. En los cambios en la legislación vigente, el Poder Ejecutivo lleva la delantera. Mientras la Asamblea Nacional se mantiene paralizada, el ente regulador continúa creando, mediante resoluciones administrativas, el marco legal que le permita actuar sin tener que enviar el anteproyecto de ley que ha venido estructurando, ni esperar a que los parlamentarios discutan y aprueben una nueva Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales.

Sin estar sometido a ningún tipo de presión, el tiempo transcurre a favor del Ejecutivo. El gobierno ganó la iniciativa cuando mediatizó la política informativa y editorial de Canal 2. El propio Presidente Ortega se encargó de confrontar directamente a los medios. A las descalificaciones se sumaron los temores de los dueños de estaciones de radio y televisión de ver canceladas sus licencias, debido a que en Nicaragua todavía persiste la política de premios y castigos para su otorgamiento. Se trata de un recurso letal elaborado a la medida de los gobiernos, para mediatizar las críticas, propiciar la autocensura, favorecer la cooptación y eliminar todo tipo de cuestionamiento político. Ante una capacidad de maniobra restringida, los dueños de medios no tuvieron la suficiente lucidez para darse cuenta que la renovación indefinida de las licencias, favorecía únicamente al gobierno.

El problema de fondo ha sido la carencia de especialistas que asesoren a los propietarios de medios, organizaciones empresariales y gremiales, en un terreno complejo. En distintas ocasiones hice ver la conveniencia de contar con asesores experimentados que les ayudasen a formular propuestas o les explicaran detalles tecnológicos y jurídicos altamente engorrosos. La necesidad y urgencia de generar simbiosis entre los ingenieros en telecomunicaciones y especialistas en derecho satelital e informático, jamás fue propiciado. Las alianzas con los diputados fueron débiles e inconsistentes. En la puja que se dio en el parlamento resultó vencedora la bancada sandinista. Si partimos del axioma de que en Nicaragua lo provisional es eterno, no existe prisa de parte de los personeros del gobierno por aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones.

Mientras los legisladores están atrapados en su propio juego político, la recomposición del mapa televisivo continúa indeclinable. La más importante determinación de las autoridades de Telcor fue modificar la normativa contenida en el Acuerdo Administrativo No. 07-97, que prohibía el funcionamiento de canales impares en la capital. Dadas las discrecionalidades que goza el ente regulador, así como diez años atrás su presidente decidió congelar la entrega de licencias impares en Managua, bajo el argumento técnico de evitar interferencias innecesarias, su actual responsable, Orlando Castillo, emitió un nuevo Acuerdo Administrativo (No. 007-2008), reformando el Artículo 26 de Reglamento del Servicio de Radiodifusión Televisiva y el Acuerdo 07-97. Mediante simple resolución administrativa, “autoriza la habilitación de todos y cada uno de los canales, pares e impares, en la Banda de VHF en todo el territorio nacional, debiendo los operadores autorizados operar sus transmisores principales y secundarios en las debidas medidas y equipos que garanticen la no interferencia perjudicial en canales adyacentes o vecinos”.

Con la aceleración de los cambios tecnológicos nada de malo tendría la resolución, si no fuese porque ha sido realizada con la intención de favorecer a los dueños de los Canales 4, 8 y 10. Los dos primeros vinculados con la familia presidencial y el tercero con el omnipresente Ángel González. La asignación de un nuevo título habilitante ya se realizó. El primer favorecido con la Resolución Administrativa No. 132-2010, fue González. Castillo asignó el Canal 11 de televisión abierta a la TV Red, S. A. vinculada con la empresa Radio Televisión Nicaragüense, S. A. propiedad de González. La oposición de Nicavisión, S. A. para que esto no ocurriera, no prosperó. La ventaja de la televisión abierta radica en su alcance, tampoco necesita para operar estar metida en el cable, esta limitación queda superada en vista que la actual Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200), impone la obligatoriedad a los dueños de estaciones de cable, de transmitir las señales en VHF, respetando su ubicación numérica, (Art. 51).

Si Telcor otorga a Canal 4 el Canal 9 y a Canal 8 el Canal 13, el cambio en la correlación de fuerzas mediáticas sería drástico. El dominio que ejercerían la familia presidencial y grupos afines, les permitiría un control casi absoluto en la televisión abierta. La entrega de Canal 13 a los dueños de Canal 8, una sociedad mixta uno de cuyos accionistas es Albanisa, supondría negar el otorgamiento de Canal 13 a la familia Pellas, quien solicitó esta frecuencia en noviembre de 2009. ¿Era o no sabedora la familia Pellas de estos cambios en el tinglado televisivo? ¿Su solicitud obedeció a que estaban claros que jamás contaron con una frecuencia que legalizara la existencia de Canal 11 de TV cable? Canal 11 nació directamente del cable, cuando la familia Pellas decidió incursionar en el mundo de la televisión y era accionista mayoritaria de Estaciones Terrenas Sociedad Anónima (Estesa).

El hecho que Canal 6 funcione cada vez que el Presidente Ortega llama a los medios audiovisuales a encadenarse, para transmitir sus comparecencias, permite constatar que ese canal continúa siendo del gobierno nicaragüense. Desde que ocurrió el affaire de Canal 6, origen del juicio contra el ex presidente Alemán por parte del Presidente Enrique Bolaños, nuestra propuesta fue clara. La situación planteada abría en Nicaragua la oportunidad para que Canal 6 fuese convertido en una televisora pública. Durante la revolución sandinista, los Canales 2 y 6 comenzaron a operar como medios estatales. La experiencia hasta entonces estaba circunscrita al campo radial. Los Somoza se reservaron una frecuencia radial para que operara como voz oficial. La mayor limitación fue que jamás funcionó como medio estatal. A lo sumo sirvió como vocera del ejecutivo. Ante los cambios de mano que están ocurriendo, la frecuencia de Canal 6 debe preservarse para ser convertida en una televisora de servicio público.

Estos movimientos dejan todavía libres las frecuencias de los canales 5 y 7. En la actualidad funcionan como repetidoras de los canales 12 y 2. ¿Podríamos esperar que Telcor las entregue a sus actuales operadores? ¿Pujará la familia Pellas para evitar que sus inversiones queden en el aire? ¿Desistirá que les sea concedida una frecuencia en VHF y más bien optará por obtener de Telcor una frecuencia en UHF? ¿De qué manera afectará en el futuro este nuevo reparto las transmisiones de los Canales 2 y 12? ¿Ante la situación precaria que mantiene frente al gobierno, Canal 2 se contentará con la sola renovación de su licencia una vez que se apruebe la nueva Ley de Telecomunicaciones? ¿Nada tienen que decir las organizaciones empresariales? ¿Ya pidieron una reunión para conocer la nueva situación planteada?
Todavía no escucho la voz de los parlamentarios demandando una explicación. ¿Acaso no están sabidos que al ritmo que van las cosas, cuando se apruebe la nueva Ley de Telecomunicaciones, al menos en el campo televisivo, no habrá nada que hacer? ¿Los miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos del parlamento nacional no tienen nada que decir? ¿Los miembros y directivos de las organizaciones de periodistas y comunicadores, están o no convencidos que la propiedad de los medios está íntimamente relacionada con la libertad de expresión? Hoy en día es impensable el ejercicio del periodismo sin la existencia de los medios. El reparto de licencias dentro del actual esquema debe variar. Cuanto más se retarde la discusión y aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones menores son las probabilidades de la creación de un sistema mixto de comunicación.

La concentración de medios repercute en el funcionamiento del sistema político. El pluralismo para ser verdadero requiere de multiplicidad de voces. Su existencia es vital para la democracia. Lo que está haciendo Telcor inclina la balanza hacia una visión monocromática, sesgada, parcial y empobrecida de la realidad. El discurso del poder acusa su mayor debilidad en su manifiesta parcialidad. Todos debemos estar conscientes de lo que ocurre en el campo de los medios. Cuando se escucha una sola voz, el horizonte político se empequeñece, la democracia se debilita y las voces ciudadanas tienden apagarse. El nuevo ordenamiento jurídico debe propiciar la creación de radios comunitarias, un tema todavía pendiente en la agenda nacional.

La distribución y cambios de propiedad no se limitan al ámbito televisivo, también ocurre en el campo radial. A todo lo anterior debe sumarse la entrega de nuevos títulos habilitantes en la banda UHF. Los legisladores como la generalidad de los nicaragüenses tienen una concepción muy limitada del funcionamiento de los medios de comunicación. Cuando aludo al fenómeno de la integración y convergencia de la comunicación social, las telecomunicaciones y la informática, lo hago también con el ánimo de advertir que las transformaciones provocadas por la revolución tecnológica, facilita la presencia de actores supranacionales vinculados con la telefonía, internet, televisión abierta, satelital y televisión por cable, todos al acecho de estos nuevos yacimientos de oro. Porque además de las grandes ganancias económicas que generan, los medios tienen una incidencia determinante en todos los órdenes de nuestras vidas.




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