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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Martes 22 de Junio de 2010 - Edición 10723
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Origen politico del poder judicial


Origen politico del  poder judicial - Foto
Tomado de Internet: Google / end

Nuestro tercer poder del Estado es el Poder Judicial, al cual le corresponde, por mandato del Derecho Constitucional, juzgar y ejecutar lo juzgado. Imparte justicia en nombre del pueblo y está integrado por los Tribunales de Justicia que al tenor de la norma Constitucional forman un sistema unitario, el que, a su vez, está integrado por una Corte Suprema de Justicia, que es el órgano rector del mismo; le siguen en inferior jerarquía, los Tribunales de Apelaciones y bajo la autoridad de éstos tenemos los Juzgados de cada materia.

Los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia no son electos por el pueblo, sino por el Poder Legislativo, que es el foro eminentemente político en donde convergen las diferentes corrientes político-ideológicas habidas en la nación, personificados en los diputados. Esto, naturalmente, trae aparejado que, en determinadas leyes, el interés político incline la ley en esa dirección, lo que no significa que los diputados no se preocupen por los problemas sociales de un pueblo ansioso de bienestar y paz social.

Según nuestra Constitución Política, es el Poder Legislativo el que tiene la atribución de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas presentadas por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, todo en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. Si el Presidente de la República no presentare lista se procederá con la de los diputados de la Asamblea Nacional. La elección de cada magistrado es individual, debiéndose obtener para cada elección el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Lo antes expuesto nos perfila el tipo de Poder Judicial que tenemos, el cual está sometido a una enorme influencia política en su actividad, por lo que, desde esa perspectiva, podemos aseverar sin temor a equivocarnos que un magistrado es un político y abogado, lo que implica obediencia hacia las personas de su partido político que le dieron el voto para que ocupara tan respetable cargo. Siendo así, es de esperarse que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan dos funciones simétricas: a) administrar justicia de forma general y en igualdad de condiciones, conforme nuestras leyes; y b) proteger los intereses políticos, sociales y económicos de la fuerza política que lo eligió, mediante la interpretación del Derecho, aplicándolo según sea conveniente o no a sus objetivos políticos-partidarios, en lo que no podemos descartar la manipulación de las necesidades sociales de un pueblo.

Teniendo un espectro del origen de la Corte Suprema de Justicia en lo que a su integración se refiere, ésta tiene facultades otorgadas por las leyes y en especial por la norma fundamental o Carta Magna. Dentro de esas facultades, tenemos aquella por la cual nombra y destituye a los magistrados de los Tribunales de Apelaciones con las tres cuartas partes del voto favorable de sus miembros. Lo que pretendo decir es que si es de nuestro conocimiento que cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue electo inicialmente por vinculación política, este mismo cuerpo colegiado expande su esencia política-jurídica a los Tribunales de Segunda Instancia y que, por ello, el interés político puede primar por sobre cualquier otro interés. Esto mismo es aplicable a la facultad que también tiene la Corte Suprema de Justicia de nombrar o destituir a los jueces, médicos forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país.

De forma subjetiva y prejuiciada podemos aseverar que aunque exista voluntad de transparencia jurídica y respeto del Estado de Derecho, la Corte Suprema de Justicia siempre tendrá presente el interés político para ciertos casos a resolver, previo a cualquier decisión, la cual obviamente requiere para su cometido del Derecho el que es un instrumento del poder político.

Nuestra Constitución Política establece que “los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y la ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La Justicia en Nicaragua es gratuita.” Norma constitucional perfecta, idónea. Es la bitácora del juzgador. Esto, sin embargo, no descarta la posibilidad de interpretar la ley en atención a un determinado objetivo.

Como consecuencia final, lo que se presenta ante la sociedad es la politización del Poder Judicial. Este fenómeno es hasta cierto punto inevitable y necesario para la armonización social. La justicia es lo que todos buscamos cuando se nos ha lesionado un interés personal que no sea mezquino o egoísta. Justicia en palabras sencillas, significa dar la razón a quien la tiene porque así lo demostró ante una Instancia que conoce del asunto. Esa razón debe ajustarse a la verdad, al espíritu de lo aceptable, a una clara conciencia. Sin embargo, entre la política y la justicia existe una relación indisoluble por que históricamente la segunda existe gracias a la política, pero ambas no pueden existir independientemente. No se concibe un Estado como poder político sin un Poder Judicial que administre justicia. Esta administración judicial es tan necesaria para que la sociedad se desarrolle dentro de un respeto a la persona y sus bienes, pero también sirve para resolver conflictos entre los mismos políticos, pues es imprescindible para la sociedad que se mantenga un equilibrio.

La justicia no debe estar sometida ni mancillada por el arte politiquero, no puede supeditarse a intereses personales de ideologías partidarias, debe estar apegada a la verdad jurídica y al respecto por la ley.

La justicia es, en términos metafísicos, una utopía. Es una esperanza del ser humano que por su naturaleza débil frente a las riquezas del mundo material podría dejarse llevar por su propio bienestar, lo que nos conduce a la manipulación del Derecho, puesto que las mentes de los gobernantes y de los que administran justicia, en algún momento, interpretan las normas jurídicas según les sean favorables o no al interés político al que deben quizás su nombramiento, lo que es de esperarse, es parte de nuestra evolución jurídica lo que inclusive podemos afirmar que sirve a veces de equilibrio social, aunque muchas veces reprochable.

Nuestra Corte Suprema de Justicia está integrada por magistrados electos por conveniencia política en primer plano y que, a su vez, se estructura en dos bancadas políticas que se enfrentan públicamente de forma escandalosa por intereses que van mas allá de lo legal, de lo jurídico. La influencia política nacional está perjudicando grandemente la confianza hacia un sistema judicial idóneo e imparcial.

¿Hasta cuándo seguiremos así? Es preciso que nuestra clase política joven modifique ese paradigma y verdaderamente, en conjunto con la sociedad, se independice en el fondo al Poder Judicial y sea lo que todos anhelamos que sea: administrador de justicia, respetuoso de la ley, sin ningún tipo apasionamiento. ¿Cuánto tiempo necesitaremos los nicaragüenses para que contemos con una cultura jurídica de respeto a la ley que es la voluntad del pueblo?




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