La crisis de credibilidad por la que atraviesa el Consejo Supremo Electoral a causa de las cuestionadas elecciones municipales de 2008, y la resistencia de sus funcionarios “a rectificar los errores cometidos” en esos comicios, “son antecedentes poco estimulantes y despiertan muchas suspicacias” de cara a las elecciones nacionales del próximo año. A esta situación se suman las intenciones del Poder Electoral y el Gobierno de evitar, a toda costa, la observación nacional e internacional en el proceso electoral de 2011

Ary Pantoja | apantoja@elnuevodiario.com.ni

Observación electoral bajo amenaza orteguista - Foto

Probablemente esta imagen de 2006 no se vuelva a repetir en las elecciones del próximo año, ante las amenazas y ataques gubernamentales contra los organismos internacionales de observación. ARCHIVO / END

Pese a las recientes amenazas del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, contra organismos internacionales que pretendan criticar el proceso electoral del próximo año, representantes de organizaciones cívicas nacionales advierten que “observarán los comicios con o sin autorización” del Poder Electoral, pues la Constitución Política de Nicaragua les faculta para tal actividad.

Descalificaciones, amenazas, intimidaciones y advertencias por parte de las autoridades electorales y el gobierno, son mensajes poco alentadores para la observación electoral tanto nacional como internacional. Sin embargo, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, es un organismo que “no se amedrenta” ante discursos que intentan impedir la acreditación de observadores de los comicios nacionales previstos para noviembre de 2011.

“Con o sin acreditación (autorización) vamos a observar todo el proceso electoral”, advirtió Mauricio Zúñiga, a la vez que hizo un llamado a los funcionarios electorales y al Gobierno a que en lugar de enviar “mensajes de intimidación”, busquen la manera de cooperar con las organizaciones para garantizar la observación electoral.

Zúñiga –quien además es abogado-, recordó que los artículos 50 y 52 de la Constitución Política respaldan el derecho de los organismos civiles para observar los procesos electorales del país, y rechazó los señalamientos de las autoridades del CSE en el sentido de que deben contar con una autorización previa para realizar esa labor, pues la observación no está contemplada en la “Ley Electoral, Ley 331”.

El artículo 50 de la Carta Magna establece literalmente que “los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente la participación efectiva del pueblo”.

De igual manera, el artículo 52 de la Constitución, señala taxativamente que “los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta, y de que les comuniquen lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

Con base en ambos artículos constitucionales, Zúñiga reiteró la decisión del Ipade de realizar la observación electoral en las elecciones del próximo año, aunque el Consejo Supremo Electoral no los acredite (autorice) para realizar esa labor.

Conforme con la Constitución Política, el presidente de facto del Poder Electoral y demás magistrados putativos no deberían negar la acreditación de las observadores alegando que no existe en la “Ley Electoral” ninguna disposición que los obligue a autorizar la fiscalización.

De negar ese derecho constitucional, señala Zúñiga, lo único que harían las autoridades electorales incrementar su ya “destruida credibilidad”, y aumentar la desconfianza en la población acerca de lo que estaría fraguando durante el proceso electoral. Además, agrega, rechazar la observación –nacional e internacional-, sólo haría de las elecciones un proceso menos transparente y, por ende, mucho menos confiable.

Dado los antecedentes de las elecciones municipales de 2008 y los no muy transparentes comicios regionales de la Costa Caribe de este año, Zúñiga advierte que, por la bienandanza del proceso electoral de 2011, el CSE debería, no sólo permitir, sino también promover la observación electoral en lugar de atacarla.

Observación es ilimitada

El funcionario del Ipade recuerda que la función de los observadores no se limita única y exclusivamente al proceso de votación, sino también a todas aquellas actividades previas al día de las elecciones como la cedulación, la revisión del calendario electoral, y la cartografía electoral (delimitación territorial de las Juntas Receptoras del Votos, JRV.

Zúñiga hizo énfasis en el proceso de cedulación que es donde hay “muchas anomalías”. Para el Director Ejecutivo del Ipade, las autoridades gubernamentales, los partidos políticos y los funcionarios electorales deben estar claros que la observación no sólo sirve para fiscalizar que se cumpla con la ley y los procedimientos establecidos, sino también para legitimar el proceso electoral en su conjunto y sus resultados.

Tanto la legalidad, como la legitimidad, considera Zúñiga, son dos elementos primordiales para que la Nación y los países cooperantes avalen los resultados de un proceso electoral, pero sobre todo, que los electores vean reflejada su voluntad sin el menor cuestionamiento.

Falta de observación afectará la cooperación
Los partidos políticos de oposición son los más interesados en la observación electoral y desde ya, dirigentes de diversas agrupaciones advierten sobre las consecuencias que traería al país unas elecciones sin transparencia, y, sobre todo, sin legitimidad.

Precisamente, esa legitimidad que requiere un proceso eleccionario no la da un “cuestionado tribunal electoral”, sino los organismos observadores, tanto nacionales como internacionales.

El secretario nacional del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa coincide con el Director Ejecutivo del ICADE, en el sentido del pésimo antecedente con el que el CSE organizará las elecciones nacionales del próximo año.

Los comicios municipales de 2008 y los cuestionados resultados de las elecciones regionales de 2010, no son de los más alentadores para los partidos políticos, y menos para los electores, que no vieron reflejada su voluntad en esos resultados.

Aguirre considera que “una observación tanto nacional como internacional, y profesional e imparcial, es un requisito para que las elecciones de 2011 tengan credibilidad y para que el ganador goce de legitimidad”.
Señala, además, que el vínculo entre la democracia representativa y la observación electoral “es tan crucial” que la Carta Democrática Interamericana, la aborda de manera detallada en los artículos 23, 24 y 25.

En conversaciones que, según Aguirre, ha tenido con representantes de donantes tradicionales de Nicaragua, esta observación imparcial será una especie de “prueba de fuego” para el estado de la democracia en Nicaragua.

Los donantes, explica Aguirre, le dan una gran importancia a la observación nacional, porque sólo Organismos No Gubernamentales como Ética y Transparencia e Ipade, cuentan con el tendido nacional que les permitiría cubrir a las más de 11,400 Juntas de Receptores de Votos, JRV, en todo el país.

“Los observadores internacionales no llegan en los números necesarios para semejante tarea, y dependen mucho del trabajo de observadores locales y creíbles. Son sus ojos y oídos”, agregó.

Para Aguirre, negar esta observación electoral profesional e imparcial no es realmente una opción para el gobierno, “y estoy convencido que el Presidente Daniel Ortega está consciente de eso”, añadió.

Amenaza latente
Según Aguirre, el Presidente Ortega sabe que el flujo de ayuda de los donantes tradicionales a Nicaragua podría verse “poderosamente afectado” si hubiera restricciones a la observación nacional e internacional.
“Ortega está consciente que esos donantes han invertido literalmente miles de millones de dólares de los bolsillos de sus contribuyentes en nuestro país desde 1990, en parte para promover la democracia”, advirtió.
El dirigente del PLC duda que los países donantes “tengan el mismo interés en seguir ayudándonos si esa piedra angular de la democracia representativa, --como es la observación para asegurar transparencia--, no se diese”.
“Al menos habría un gran peligro de que el monto y la calidad de ayuda de esos donantes pudiera verse negativamente afectado si se diera un paso atrás, como algunos voceros del Gobierno están amenazando ahora, en la observación. Y esto traería consecuencias espantosas para nuestra economía y situación social”, señaló.

Antecedentes contra la observación
En el informe final de observación realizado por el Grupo Cívico “Ética y Transparencia”, durante las elecciones municipales de 2008, el organismo reportó varias acciones encaminadas a entorpecer el trabajo de los observadores.

No acreditación de observadores, expulsión de observadores de lugares públicos, y patrullaje intimidatorio en barrios de diversos departamentos del país, principalmente en la capital, fueron sólo algunas de las acciones en contra de la observación electoral que Ética y Transparencia reportó en ese año.

“Desde el inicio del día electoral en más de la mitad de los Centros de Votación, CV, se reportó la expulsión de los observadores, así como la negación absoluta de su permanencia en las JRV…”, se lee en parte del informe que emitió entonces Ética y Transparencia, días después de los comicios municipales de 2008.

Además, se lee en ese informe: “La expulsión de observadores de los espacios públicos de los Centros de Votación constituyó una primera flagrante violación a las condiciones de transparencia de los conteos y transmisión de datos, y permitió en el caso de Managua que varios observadores notaran en al menos cinco vecindarios aledaños a unas 25 JRV, el ‘patrullaje’ intimidatorio de personas armadas con garrotes, machetes y armas de fuego en las calles cercanas a las JRV”.

Para las elecciones municipales de 2008 no hubo acreditación de organismos nacionales para realizar la labor de observación, y el CSE solamente acreditó a organismos internacionales promovidos por gobiernos latinoamericanos afines al Presidente Daniel Ortega como el denominado, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CEELA, integrado por magistrados y funcionarios electorales de tendencia izquierdista promovido por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“El CSE, irrespetando el Reglamento de Observación Electoral, de forma ilegal violentó los derechos ciudadanos al no acreditar a la observación electoral nacional, pese a que se cumplieron los requisitos establecidos en el Reglamento de Observación Electoral, ratificando la discrecionalidad e irrespeto al marco legal electoral y constitucional”, señaló por su parte el Ipade en el informe que elaboró sobre las elecciones regionales 2010.
Pese a que el Consejo Supremo Electoral aún no convoca oficialmente a elecciones, se conoció de forma de extraoficial que ya elaboró el calendario electoral, pero los partidos políticos aún no conocen el documento pues no se les ha enviado a consulta.

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