El Nuevo Diario

Deformación de las amnistías

En las últimas décadas han servido en Nicaragua para borrar crímenes

Tres leyes de amnistía han sido promulgadas después de 1990. Con ellas han sido perdonados criminales probados, justos y pecadores tras la sangrienta guerra civil nicaragüense y hasta un misionero católico quien, sin testigos con declaración coherente, fue condenado. Ahora el ex presidente Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, inmersos en la política, pretenden salir inmaculados en un contexto de evidente presión por parte del presidente Daniel Ortega.

El martes 17 de agosto de 1993, siendo Gustavo Tablada Zelaya presidente de la Asamblea Nacional, fue un día de mucha tensión, pues se aprobaría una Ley de Amnistía que enfrentaba su mayor oposición ante la posibilidad de liberar a Víctor Manuel Gallegos, conocido como “Pedrito, el hondureño”. Gallegos, junto a más de 70 hombres, se tomó Estelí, dejando decenas de muertos y a él se le atribuye el robo millonario de los bancos de la ciudad.

Tablada asegura que la Ley llevaba consenso, pues era parte del espíritu que reinada en la entonces Unión Nacional Opositora, UNO, que pretendía terminar con las últimas justificaciones para la guerra

La amnistía de 1990

Antes, en 1990, en los últimos días de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se promulgó la Ley de Amnistía General y de Reconciliación Nacional que dejó “limpios” a todos los cuadros de este partido y a miembros de la contra, luego de haberse conseguido la paz y las primeras elecciones libres en el país.

“Ellos pensaban que la UNO iba a tomar represalias en contra de los funcionarios sandinistas. Fue para todititos, de tal manera que cuando se termina la discusión y se aprueba la amnistía, aquí en Nicaragua nadie había cometido un delito, todos estaban limpios. Nunca existió, de parte de la UNO y la mayoría de la resistencia, en pensar en pasarle cuenta al FSLN”, afirmó Tablada, quien ahora es muy cercano al ex presidente Alemán y dirige un programa llamado “El gobierno de Arnoldo” en una radio propiedad del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.

En el 90, la Asamblea Nacional era presidida por Carlos Núñez Téllez, y fungía como secretario el ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda. La Ley rezaba: “se concede amplia e incondicional amnistía a todos los nicaragüenses que vivan o no en el país, que cometieron delitos contra el orden público y contra la seguridad del Estado”.

En su artículo tres es mucho más amplia y señala el perdón para “los funcionarios y empleados públicos que presuntamente hubieren cometido los delitos contemplados en el Libro Segundo, Título VIII del Código Penal y sus Reformas, en particular la Ley No. 217 del 12 de noviembre de 1985 y que no hayan sido encausados. La gracia concedida comprende la responsabilidad civil y administrativa”.

La más amplia amnistía comprendió el período del ascenso de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979, hasta el día de entrada en vigencia de la Ley, días antes de la toma de posesión del gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro

La amnistía de Alberto Boschi

La tercera amnistía fue aprobada el 17 de noviembre de 2009, a favor del misionero italo-nicaragüense Alberto Steffano Boschi, condenado a dos años de prisión y a pagar una multa por supuestamente dispararle al entonces periodista del oficialista Canal 4 de televisión, Antenor Peña Solano. En este caso nunca estuvo claro si fue un golpe de una pedrada o un disparo, pero ni un solo testigo vio el arma en manos de Boschi, aún así, fue condenado.

La amnistía fue aprobada con el apoyo total de las bancadas opositoras, cuando Boschi se había declarado en rebeldía y estaba prófugo de la justicia. Peña fue herido durante una protesta de jóvenes opositores por los megarótulos del presidente Ortega. En esa ocasión, fueron las turbas del Frente Sandinista quienes reprimieron a los jóvenes a quienes Boschi apoyaba. Al final del día, las turbas se declararon agredidas, pese a las múltiples imágenes que demostraban lo contrario.

Para el ex presidente del Parlamento, Gustavo Tablada Zelaya, las condiciones de hoy son distintas, y señala que bajo el gobierno de Ortega ha habido múltiples violaciones que no garantizan un Estado de derecho y que pretenden terminar con el proceso de unidad de los liberales. Este punto, según Zelaya es la mayor amenaza para el mandatario; además considera que hay algo muy claro para el PLC y es que fue la ruptura de la unidad de los liberales lo que permitió el ascenso al poder de Ortega y la razón de la situación actual.

“O sea, todas las acciones van en contra de esa unidad y (Ortega) va a buscar cómo actuar contra todas las cabezas visibles”, consideró Tablada. Según él, la unidad en torno a la amnistía y la no reelección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, provocó la reapertura de los tres casos de Alemán y el ultimátum del fiscal a la Asamblea Nacional. Para llamar todavía más la atención advierten de la inhibición de 25 candidatos del PLC en los comicios regionales del Caribe

Amnistía no cabe

Pero para el comandante Henry Ruiz, quien fue condenado por esta misma justicia, la amnistía no tiene cabida, ni para Alemán ni para Montealegre, pues hay casos claramente pendientes. Él recomienda que se enfrenten la justicia y que de ser injusta no les quede nada más que declarase en rebeldía y si tienen la razón, habrá quienes les acompañen.

“El doctor Alemán no esta limpio de manchas. En el caso de Montealegre ha alegado que es perseguido político. Lo único que le dijeron en la Contraloría es ‘venga, aquí hay alguna preguntas, venga a contestarlas’; él dijo que no, pero eso también revela que es soberbio, efectivamente es banquero, tiene sus negocios, juegan a la política y después no aguantan. Si va a ser enjuiciado que enfrente el asunto”, aseguró Ruiz.

Ruiz fue condenado por el delito de asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos en perjuicio de Edwin Zablah del Carmen, quién dirigía la fundación “Augusto Cesar Sandino”, FACS. Ruiz en su momento señaló que la situación en el país era tal que denunciar un acto de corrupción era tan peligroso que podía llevarte a la cárcel. En efecto fue condenado, pero al desacatar el veredicto, la orden de captura nunca fue dada.

“Si (Montealegre) va a ser enjuiciado que enfrente el asunto. Cuando la justicia es injusta lo que uno hace es revelarse y luchar, seguro que la conciencia dormida de los ciudadanos va estar al lado suyo. Yo fui a los tribunales y seguimos siendo condenados porque todavía hay un pedacito de ese proceso; y terminado esto, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me condenaron y yo no fui, que tengan el valor y vengan a traerme a la casa, pero nunca giraron esa orden”, señaló Ruiz.

Ruiz está claro de la corrupción en el sistema judicial y que despierta temor en todos los ciudadanos, pero se opone a que se use la figura de la amnistía para perdonar y olvidar delitos comunes.

“Yo estoy en contra de ese tipo de amnistía porque se trata de aplicar un principio histórico del derecho que es el perdón a los delitos producidos por situaciones de carácter político desde la guerra, hasta calumnias y todo lo que venga de ello. Es perdón y olvido. El doctor Alemán no quiso aceptar un indulto que ya era ser generoso con él, porque te dice te perdonamos pero seguís siendo delincuentes”, señaló el legendario “Comandante Modesto”.

Según Ruiz, tanto Alemán como Montealegre, tienen delitos acumulados, pero el fondo del asunto es que el costo sigue siendo para Alemán porque en su negocio con Ortega, quedaron esas colas, que no fueron problemas mientras el pacto tenía armonía, pero los casos evidentemente quedaron pendientes

¿A quienes se perdonó en 1993?

De acuerdo con Gustavo Tablada, quien como presidente de la Asamblea Nacional, dirigió la aprobación de esa amnistía, con la Ley número 163 aprobada el 17 de agosto de 1993 se perdonó a Víctor Manuel Gallegos, “Pedrito el Hondureño”, quien dirigió el secuestro de los bancos en Estelí y también a Donald Mendoza, un ex militar conocido como “Cara de piña”, quien se tomó la casa de la Unión Nacional Opositora y mantuvo secuestrados a varios dirigentes hoy opositores, entre ellos, Wilfredo Navarro y Alfredo César, así como a la hoy aliada del FSLN, Miriam Arguello Morales.

Además se perdonó a Frank Ibarra, condenado por el asesinato a Arges Sequeira Mangas, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y vicepresidente del PLC. Así lo corrobora la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en este caso: “Así, el señor Juez de Distrito del Crimen de León dictó sentencia, condenando a 20 años de prisión a Frank Ibarra; sin embargo, posteriormente se declara el sobreseimiento definitivo del caso, por estar cubierto por la última ley de amnistía dictada en el pasado mes de septiembre”, se lee en el documento.

Pero además, benefició al grupo de ex contras al mando de José Angel Talavera Alaniz, “El Chacal”, quienes secuestraron a un grupo de diputados del FSLN, entre ellos Doris Tijerino Hasslam y Carlos Gallo, así como al segundo jefe de la Brigada Especial de Desarme, BED, Coronel, Iván Portocarrero, en El Zúngano, Quilalí. Precisamente, el asalto y secuestro en Managua a la sede de la UNO por parte de “Cara de Piña”, fue en respuesta a esa acción de “El Chacal”.

Según Tablada, los crímenes eran realmente punitivos, asesinatos, saqueo y secuestros, pero había mucha presión de parte del Frente Sandinista. “Fue algo realmente ofensivo, a respetables dirigentes de la UNO, los pusieron tras los ventanales de esa casa en calzoncillos, y lo que es peor, el asalto a bancos acompañado con la muerte. El gobierno de doña Violeta nunca se llamó de Reconciliación y Unidad Nacional, pero era realmente eso”, asegura Tablada.


Los tres principales artículos de dicha Ley establecen:
Artículo 1.- Otórgase amplia amnistía a los nicaragüenses que se encontraban alzados en armas con objetivos políticos o por reivindicaciones socio-económicas al día 28 de agosto del corriente año, en los Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur, todo de acuerdo con las listas y registros que al respecto lleva la Brigada Especial de Desarme, BED.

Artículo 2.- Esta amnistía cubre los delitos políticos y comunes conexos cometidos hasta el día 28 de agosto del año en curso, exceptuando los crímenes de guerra y lesa humanidad, de acuerdo con el Derecho Internacional.

Artículo 5.- La bondad de esta amnistía cubre a los nicaragüenses miembros de los grupos irregulares pertenecientes a los autodenominados “Frente Norte 3-80” y “Comando Soberanía y Dignidad” por los delitos políticos y comunes conexos cometidos por motivo de los secuestros ocurridos en agosto de 1993, en la localidad del Zúngano, Municipio de Quilalí, y en la sede de la Unión Nacional Opositora (UNO) en Managua, sin necesidad de tener que cumplir con más requisitos que acogerse voluntariamente a la amnistía, expresándolo así ante el Representante del Ministerio de Gobernación acreditado para tales efectos, y obtener posteriormente la Carta de Desmovilización a que se refiere el artículo anterior de esta Ley.


El Nuevo Diario - Managua, Nicaragua - 8 de febrero de 2010